BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 23 de marzo de 2023

Sec. III. Pág. 43586

financiables para la transformación digital de las entidades locales, dentro del Eje 3 del
citado Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. Por su parte,
la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, ha elaborado unas guías técnicas, que se refieren tanto a
aspectos generales como específicos de las distintas líneas de actuación, y al formato
del proyecto o memoria técnica que se tiene que presentar.
Dentro del ámbito de las entidades locales, se considera de especial importancia
atender las necesidades de los cabildos y consejos insulares. Estas entidades, reconocidas
en el artículo 41 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, disponen de un régimen singularizado fruto
de su doble condición de órganos de naturaleza autonómica y local, tal y como establecen
el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, y el artículo 61.3 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Por un lado, se debe tener en cuenta que los Cabildos y Consejos insulares deben
afrontar una dificultad añadida derivada de su insularidad, condición geográfica que
complica y encarece la contratación de bienes y servicios y hace más necesaria la
digitalización de sus actuaciones. Por otra parte, estas entidades disponen de un
catálogo más amplio de funciones, ya que los artículos 70 de la Ley Orgánica 1/2018,
de 5 de noviembre, y de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, les asignan funciones
en muy diversas materias. Por todos estos motivos, se ha considerado necesario
establecer una línea de subvenciones específica, dentro de la ejecución de los fondos
destinados a la digitalización y modernización de las entidades locales a cargo
del PRTR, diferenciada de la que tiene como destinatarias a otras entidades locales.
Esta orden se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben
actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de
necesidad y eficacia, al ser un instrumento eficaz para responder a los objetivos que se
persiguen con esta orden, la transformación digital de los cabildos y consejos insulares.
Asimismo, la orden es acorde al principio de proporcionalidad, ya que supone un medio
necesario y suficiente para alcanzar el fin pretendido, conteniendo la regulación
imprescindible para la consecución del mismo. Igualmente, se ajusta al principio de
seguridad jurídica, concretando el procedimiento para la concesión de las subvenciones,
así como, entre otros extremos, el régimen jurídico o las obligaciones de las entidades
beneficiarias, evitando dudas interpretativas y siendo coherente con el resto del
ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, quedan explicados de
manera suficiente los objetivos perseguidos por esta orden, estando su tramitación
exenta de la realización de los distintos trámites de participación pública previstos en la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Finalmente, la orden es acorde
con el principio de eficiencia al no imponer nuevas cargas administrativas a la ciudadanía
o a las empresas.
En otro orden, se informó a la Comisión Nacional de Administración Local en
sesiones celebradas el 5 de julio de 2021 y el 12 de septiembre de 2022, en las que se
expuso la previsión de las convocatorias para la ejecución del PRTR durante el
periodo 2021-2023.
Por otra parte, y en cumplimiento del artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, estas subvenciones se enmarcan en el Plan
Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Política Territorial para el
periodo 2022-2024, en cuyo anexo I, línea de subvención 1, se incorporan

cve: BOE-A-2023-7544
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 70