BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 28 de febrero de 2023

Sec. I. Pág. 29753

sin incrementarse los medios disponibles para su tramitación. Existen proyectos en
tramitación que ya cuentan con los permisos de acceso a la red eléctrica concedidos, y
con la capacidad técnica y financiera detrás. La instalación en un corto plazo de tiempo
de una parte relevante de esta capacidad renovable permitiría reducir significativamente
el impacto de la crisis de precios de gas sobre los precios de la electricidad. El principal
impedimento a esta realidad es una falta de medios, tanto en la Administración General
del Estado como en las Comunidades Autónomas.
Para afrontar este reto se ha trabajado en dos líneas. Por una parte, en la
simplificación y reducción de los trámites administrativos. Por otra, en un aumento de los
recursos, especialmente en la estructura organizacional y de recursos humanos
dedicados a la tramitación de los proyectos.
En la primera línea de actuación, para la simplificación de la normativa de
tramitación, se han incluido disposiciones en ese sentido en varias normas, destacando
el procedimiento de determinación de afección ambiental introducido en el Real Decretoley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en
Ucrania, y más recientemente, por el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de
medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de
Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de
vulnerabilidad, que generaliza este procedimiento acelerado para la tramitación
medioambiental. A nivel europeo, también se está trabajando en vías para acelerar la
tramitación de proyectos a través de la revisión de la actual directiva de renovables o del
reciente Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que
se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables.
Sin embargo, todas estas medidas no eximen de la necesidad de una dotación
adecuada de los recursos humanos necesarios para la tramitación de los proyectos. A la
vista de ello, avanzar en la línea de potenciar la estructura organizativa y los efectivos
dedicados a esta función deviene una necesidad ineludible. Si bien esto es predicable
para todos los actores en esta materia, en el caso del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, y en concreto de la Secretaría de Estado de Energía,
este refuerzo es un factor clave para evitar cuellos de botella. Cabe recordar que en el
ámbito AGE se trata tanto de las competencias que se ejercen por el Ministerio, a través
de la Dirección General de Política Energética y Minas, como de las que se llevan a cabo
desde las Áreas funcionales de Energía, integradas en Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno. Y en ambos casos es crítico que el incremento de sus medios implique
tanto una adecuada estructura orgánica y dotación de puestos como que se disponga de
personal cualificado para el desempeño de los mismos.
Se plantea por tanto la necesidad de disponer de una unidad administrativa
específica, con personal funcionario, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía,
que permita acelerar la tramitación de proyectos renovables y contribuir en el corto plazo
a una mitigación de los precios de la energía.
Esta unidad también será responsable de la autorización de las instalaciones de
transporte y distribución de energía eléctrica competencia de la Administración General
del Estado, al ser el procedimiento de autorización común con el de las instalaciones de
generación de energía renovable y por ser estas instalaciones de la red de transporte y
distribución también críticas para posibilitar el desarrollo de las energías renovables en
nuestro país.
Se trata de funciones que deben entenderse entre las encomendadas al Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con la configuración
normativa del mismo, y que en el seno del Departamento corresponde desempeñar a la
Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con el Real
Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, pero sin que tales funciones se encuentren entre las

cve: BOE-A-2023-5261
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