BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 4

Jueves 5 de enero de 2023

Sec. III. Pág. 1984

en dos ocasiones posteriores: La Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015,
de 2 de julio, de la Jurisdicción voluntaria, amplió dicho período hasta el 30 de junio de 2018, y la
Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, volvió a ampliarlo hasta el 30 de junio de
2020. Finalmente, el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia aplazó,
en su disposición final segunda, la entrada en vigor completa de la ley hasta el 30 de abril de
2021.
En abril de 2017 se inició en el Ministerio de Justicia el denominado Proyecto de Transformación
del Registro Civil, con el que se pretendía dar un nuevo impulso a la reforma. Se creó una
Comisión de Gobierno formada por el Ministro de Justicia, la Secretaria de Estado de Justicia, el
Secretario General de la Administración de Justicia, el Director General de Registros y del
Notariado y el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia. La dirección,
promoción e impulso del proyecto se atribuyó a la DGRN. Otras unidades organizativas previstas
fueron la unidad responsable de la coordinación del proyecto, la oficina del proyecto y los tres
grupos de trabajo encargados de los distintos aspectos en que este se aborda: organización,
tecnología y procedimientos, y normativa.
De acuerdo con la información facilitada por la DGRN, en relación con la reforma del Registro Civil
se llevaron a cabo actuaciones en tres ámbitos: normativo, organizativo y tecnológico24
II.2.2.2. ACTUACIONES REALIZADAS EN EL ÁMBITO NORMATIVO
La Ley 19/2015, de 13 de julio modificó el artículo 46 de la Ley 20/2011 con el objetivo de adoptar
medidas para regular la transmisión telemática de nacimientos y defunciones. En materia de
nacimientos, en 2019 la medida estaba implantada en prácticamente la totalidad de los centros
públicos de España, y continuaba implementándose en los centros privados. No se había iniciado
la implantación de dicha medida en materia de defunciones.
Se aprobó también la Orden JUS/577/2016 sobre inscripción en el Registro Civil de determinados
matrimonios celebrados en forma religiosa y aprobación de certificado de capacidad matrimonial y
celebración de matrimonio religioso.
La Ley 4/2017 modificó el apartado 9 de la disposición final primera de la Ley 15/2015, que a su
vez modificaba el artículo 56 del Código Civil en relación con la acreditación de la capacidad y
ausencia de impedimentos para contraer matrimonio, y dio nueva redacción al apartado 5 del
artículo 58 de la Ley 20/2011, referido a la misma cuestión.

Se realizaron trabajos para la elaboración de dos reglamentos: el de desarrollo normativo de la
Ley 20/2011, con el condicionante de la necesaria supeditación de su redacción a la versión
definitiva de la ley, y el de provisión de plazas.

24

Entre las acciones incluidas en este apartado (especialmente las que implican diseño e implantación de sistemas
informáticos) se recogen algunas realizadas, bajo la dirección o coordinación de la DGRN, por otras unidades de la
Administración General del Estado, o por empresas o entidades públicas y privadas, mediante contratación o
encomienda. La información sobre actuaciones realizadas está referida a abril de 2019.

cve: BOE-A-2023-335
Verificable en https://www.boe.es

Se trabajó en la modificación de la Ley 20/2011, por entender que su redacción actual presenta
importantes dificultades en los aspectos organizativos: reducción drástica del número de oficinas,
cierre y apertura de oficinas con distintas competencias, provisión de plazas para todo el personal,
etc. La primera proposición presentada fue rechazada por el Pleno del Congreso en febrero de
2018, lo que motivó la ampliación de la vacatio legis. En 2019 se estaba estudiando una nueva
propuesta.