BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 4

Jueves 5 de enero de 2023

Sec. III. Pág. 1374

específicamente créditos presupuestarios en el capítulo 2 en las aplicaciones presupuestarias
13.02.112A.227.11 “para programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la
criminalidad y demás fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal” y 13.02.112A.227.12 “para toda clase de gastos derivados del funcionamiento y gestión
de la ORGA” por una cuantía de 1.000 y 249.000 euros, respectivamente. El importe de las
obligaciones reconocidas en dichas aplicaciones ascendió únicamente a 5.136 euros en el último
de ellos, por lo que el grado de ejecución presupuestaria fue muy reducido. Estas aplicaciones
presupuestarias fueron creadas a mitad del ejercicio, de forma que durante el primer semestre
siguió imputando los gastos a la aplicación 13.02.112A.227.02 que venía usando en el ejercicio
presupuestario 2016 por un importe de 10.018 euros. Asimismo, en dicho ejercicio reconoció
gastos de gestión de 1.101 euros en el programa 111N en concepto de comisiones de servicios,
así como diversos gastos de funcionamiento por 599.369 euros. El detalle de estos gastos se
recoge en los cuadros nº 7 y 8 del apartado II.5 de este informe.

El modelo diseñado y ejecutado por la ORGA permite aplicar el producto de la gestión y
realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias del delito a los fines previstos en la
LEC con los objetivos prioritarios enumerados en el artículo 2 del Real Decreto 948/2015. A tal
efecto, se crea la Comisión de Adjudicación de Bienes Producto del Delito (en adelante, CABID)
como órgano colegiado adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría
de Estado de Justicia, al que corresponden las funciones de distribución de los recursos
económicos obtenidos por la Oficina.
TRÁMITE DE ALEGACIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, el anteproyecto de Informe se remitió para la formulación de alegaciones
el 15 de julio de 2020 al Ministro de justicia y a su predecesor en el cargo durante el periodo
fiscalizado.
En el plazo otorgado, incluida una prórroga por idéntico plazo, se han presentado alegaciones por
el actual Ministro de justicia que han sido analizadas, habiéndose incorporado convenientemente
en el Informe el resultado de dicho análisis.
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
CONTROL INTERNO

En el ejercicio fiscalizado, para la gestión de los expedientes la ORGA disponía de una Base de
Datos denominada EXPORGA y contaba con una cuenta bancaria donde se registraban los
gastos e ingresos de cada expediente, la citada CDC. Ambos instrumentos han permitido
determinar la trazabilidad y correspondencia de los distintos expedientes incoados por la Oficina
con los expedientes judiciales.
A través de la aplicación EXPORGA se da de alta cada uno de los expedientes asociando los
datos del procedimiento judicial o de la fiscalía, con las personas físicas y jurídicas investigadas
(para conocer sus activos), así como las acciones sobre los mismos. Los expedientes se generan

cve: BOE-A-2023-329
Verificable en https://www.boe.es

La ORGA cuenta con manuales de procedimientos e instrucciones en los que se definen las
actividades y la distribución de tareas en la gestión llevada a cabo por las unidades de sus dos
subdirecciones generales, si bien en ellos no se han fijado unos criterios de reparto de costes para
los casos de ventas, tasaciones o destrucciones de múltiples bienes de diversos procedimientos
judiciales. Tampoco se ha determinado el tiempo que ha de transcurrir entre la resolución judicial
del expediente y la liquidación al Tesoro, según se analizada en el apartado II.4 de este informe, a
fin de evitar la existencia de saldos inoperativos en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
la ORGA (en adelante, CDC).