BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 4

Jueves 5 de enero de 2023

Sec. III. Pág. 1850

I. INTRODUCCIÓN
I.1. INICIATIVA Y ANTECEDENTES DE LA FISCALIZACIÓN
1.1. El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en su sesión de 19 de diciembre de 2019, el
Programa Anual de Fiscalizaciones correspondiente al año 2020, en el que se incluyó, a iniciativa
del propio Tribunal, la “fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de
indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de
determinadas entidades del sector público estatal, ejercicio 2019”.
1.2. El antecedente inmediato de esta fiscalización es el “Informe de fiscalización del cumplimiento
de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen
retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicios 2012
a 2014”, aprobado por el Tribunal de Cuentas el 27 de abril de 2016. La decisión de iniciar aquella
fiscalización se debió a las importantes novedades introducidas sucesivamente por el Real
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
(RDL 3/2012), que dio lugar posteriormente a la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral (Ley 3/2012), y por el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo,
por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector
público empresarial y otras entidades (RD 451/2012), y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
(RDL 20/2012).
1.3. La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó
el 16 de noviembre de 2017 una Resolución en relación con dicho Informe en la que, además de
asumir el contenido del mismo, instaba al Gobierno, a la Oficina de Conflictos de Intereses, al
Banco de España y al Consorcio de Compensación de Seguros a llevar a cabo una serie de
actuaciones.
1.4. La relevancia de los resultados obtenidos en aquella fiscalización, la conveniencia de
actualizarlos y de analizar el grado de aplicación de las recomendaciones contenidas en el mismo
y de la citada Resolución de la Comisión Mixta, así como la aprobación de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (LAC), que
aclara, refuerza y amplía el marco jurídico en las materias relativas a los altos cargos, fueron los
motivos que fundamentaron la decisión de iniciar la presente fiscalización referida al ejercicio
2019.

1.6. El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 30 de enero de 2020, acordó el inicio de
este procedimiento fiscalizador y el 27 de febrero de 2020 aprobó sus Directrices Técnicas, según
lo establecido en los apartados b) y g) del artículo 3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCU), y siguiendo lo dispuesto al efecto en las
Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobadas el 23 de diciembre de 2013.

cve: BOE-A-2023-334
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1.5. Esta actuación fiscalizadora se enmarca en la puesta en práctica del Plan Estratégico 20182021 del Tribunal de Cuentas, contribuyendo a la consecución de diversos objetivos estratégicos
del mismo. Así, se encuadra en las actuaciones tendentes al cumplimiento del objetivo estratégico
1 “Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del sector
público” y, en concreto, del siguiente objetivo específico: 1.2 “Fomentar buenas prácticas de
organización, gestión y control de las entidades públicas”.