BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 4

Jueves 5 de enero de 2023

Sec. III. Pág. 1493

INTRODUCCIÓN
I.1.

INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley Orgánica 2/1982, de
12 de mayo, ha realizado la «Fiscalización del análisis de impacto normativo en los Ministerios del
Área Político-Administrativa del Estado». Esta actuación fiscalizadora se ha efectuado por
iniciativa del propio Tribunal y en ejecución del Programa Anual de Fiscalizaciones del ejercicio
2019, aprobado por el Pleno de la institución, en su sesión de 20 de diciembre de 2018, Programa
que fue modificado en sus sesiones de 28 de febrero y 28 de marzo de 2019.
Este procedimiento de fiscalización se enmarca dentro del Plan estratégico 2018-2021 del
Tribunal de Cuentas y se vincula con el Objetivo 1.1.
I.2.
I.2.1.

EVOLUCIÓN DE LA MATERIA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN
Política sobre mejora de la calidad normativa («Better Regulation»)

Uno de los grandes retos de la política regulatoria es el de elaborar una normativa eficaz y
eficiente que estimule el crecimiento económico y favorezca el bienestar social evitando un marco
normativo confuso y cambiante. Para avanzar en esta dirección la regulación ha de ser cada vez
más simple y clara y el cumplimiento de las normas lo menos costoso posible para las empresas y
los ciudadanos.
En la actualidad, tanto la Unión Europea como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico defienden una regulación inteligente que permita dinamizar la actividad económica,
simplificar procesos y reducir cargas administrativas.
Los análisis de impacto normativo constituyen la técnica por excelencia del fenómeno «Better
Regulation», cuya finalidad es mejorar el enfoque regulador tradicional evitando la
«sobrerregulación», la complejidad, la incoherencia y la inestabilidad del ordenamiento jurídico.
Los principales medios para lograr dicho objetivo son los análisis de los efectos de las normas,
previos (ex ante) y posteriores (ex post), y la participación de expertos y ciudadanos en el proceso
de elaboración normativa.

La tradicional ausencia de instrumentos de evaluación ex ante en nuestro país se ha visto
superada en los últimos años con un conjunto de medidas adoptadas para impulsar la mejora de
la regulación y la actuación de la Administración, entre las que destaca la figura de la Memoria del
Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y, como órgano encargado de asegurar la coordinación y la
calidad de la actividad normativa del Gobierno, la creación de la Oficina de Coordinación y Calidad
Normativa (OCCN). También puede destacarse como instrumento básico para contribuir a la
predictibilidad del ordenamiento jurídico y procurar la congruencia de todas las iniciativas
normativas la planificación normativa a través del denominado Plan Anual Normativo (PAN).
La evaluación ex post tiene por finalidad la evaluación de las normas vigentes con la finalidad de
constatar el cumplimiento de sus objetivos, la evaluación de los costes y las cargas impuestas en
ellas.

cve: BOE-A-2023-331
Verificable en https://www.boe.es

La evaluación ex ante se configura como una herramienta para la mejora de la regulación,
mediante la cual se sistematiza y ordena la información relevante para valorar el impacto de una
iniciativa normativa con el fin de ayudar en el proceso de su aprobación. Por tanto, esta
evaluación se realiza en el marco del procedimiento administrativo de elaboración de la norma con
la finalidad de dotarla del contenido adecuado y proporcionado para alcanzar sus objetivos.