III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Comunitat Valenciana. Convenio. (BOE-A-2023-83)
Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat Valenciana y la Universidad Internacional de Valencia, para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana, Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 2
Martes 3 de enero de 2023
Sec. III. Pág. 548
autorizada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consell de fecha 1
de julio de 2022.
La Rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Excma. Sra. doña Eva María
Giner Larza, en nombre y representación de ésta, según el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de VIU, de 18 de diciembre de 2017, con efectos desde el 1 de enero de 2018,
y en virtud de los poderes que le fueron conferidos mediante escritura otorgada ante el
Notario de Barcelona, don Rafael de Córdoba Benedicto, el 20 de diciembre de 2017,
protocolo n.º 3.332.
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
Quinto.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales,
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
cve: BOE-A-2023-83
Verificable en https://www.boe.es
El Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre traspaso de funciones de la
Administración del Estado a la Comunitat Valenciana, en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia
establece en su anexo, apartado B.1.a), que la adquisición y gestión de patrimonio
mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunitat
Valenciana, corresponde a la citada Comunidad. Además, en el apartado C.1 del anexo
del citado Real Decreto establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes,
derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunitat
Valenciana.
Núm. 2
Martes 3 de enero de 2023
Sec. III. Pág. 548
autorizada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consell de fecha 1
de julio de 2022.
La Rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Excma. Sra. doña Eva María
Giner Larza, en nombre y representación de ésta, según el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de VIU, de 18 de diciembre de 2017, con efectos desde el 1 de enero de 2018,
y en virtud de los poderes que le fueron conferidos mediante escritura otorgada ante el
Notario de Barcelona, don Rafael de Córdoba Benedicto, el 20 de diciembre de 2017,
protocolo n.º 3.332.
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
Quinto.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales,
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
cve: BOE-A-2023-83
Verificable en https://www.boe.es
El Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre traspaso de funciones de la
Administración del Estado a la Comunitat Valenciana, en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia
establece en su anexo, apartado B.1.a), que la adquisición y gestión de patrimonio
mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunitat
Valenciana, corresponde a la citada Comunidad. Además, en el apartado C.1 del anexo
del citado Real Decreto establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes,
derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunitat
Valenciana.
