BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311

Miércoles 28 de diciembre de 2022

Sec. III. Pág. 188235

Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de
diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social (BOE
de 3 de enero de 1997), «específicamente se atribuye al Instituto Nacional de la
Seguridad Social competencia en las siguientes materias:
a) El reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del
Sistema de la Seguridad Social y en su modalidad contributiva, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Instituto Nacional de Empleo en materia de prestaciones de
protección por desempleo y al Instituto Social de la Marina en relación con el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar.
b) El reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del
sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, con excepción de
aquellas cuya gestión esté atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales o
servicios competentes de las comunidades autónomas».
De acuerdo a la Resolución de 18 de febrero de 2019, del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, sobre delegación de competencias, las personas titulares de las
direcciones provinciales tienen atribuidas en materia de convenios de colaboración y
protocolos generales de actuación a los que se refiere el artículo 47 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en relación con la
propuesta del pago de las obligaciones derivadas de las resoluciones de responsabilidad
patrimonial.
a) La facultad para suscribir, modificar, prorrogar y acordar la extinción de convenios
de colaboración con otras organizaciones e instituciones de carácter público o privado, así
como la memoria justificativa que deba acompañar a aquellos, siempre que los efectos de
dichos convenios se circunscriban al ámbito territorial de la dirección provincial, que la
contraprestación económica, si la hubiere, no supere la cantidad de 450.000,00 euros,
Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y que se imputen a los créditos presupuestarios
que se habiliten a la dirección provincial. La firma del convenio o acuerdo, su modificación o
prórroga o la adopción del acuerdo de extinción por la dirección provincial deberán ser
expresamente autorizadas por la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social. La citada facultad no alcanzará a los acuerdos y convenios que por razón de su
ámbito territorial u objeto quedan reservados a la Dirección General.
b) La suscripción de protocolos generales de actuación o instrumentos similares a
los que se refiere el artículo 47.1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, que deberán ser autorizados expresamente por
la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Segundo.

Tercero.
Que las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos
fines de interés común, siendo uno de ellos el de la difusión de la estructura y funciones
del Sistema de Seguridad Social, en especial en cuanto al ámbito de cobertura
prestacional de los ciudadanos gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, mediante la formación integral de alumnado universitario, a través de una
formación que combine la teoría y la práctica.

cve: BOE-A-2022-23032
Verificable en https://www.boe.es

Que conforme se deriva de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha,
aprobados por Resolución de 18/11/2015, de la Dirección General de Universidades,
Investigación e Innovación, uno de los fines de la Universidad de Castilla-La Mancha es
el de la preparación académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus
estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de
prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.