BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310

Martes 27 de diciembre de 2022

Sec. III. Pág. 185596

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Tráfico,
por la que se acuerda la prescripción de derechos pendientes de cobro
derivados de procedimientos sancionadores tramitados por las Autoridades
dependientes del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la baja
de los mismos en las cuentas del citado Organismo.

El Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, adscrito a la Subsecretaria del
Ministerio del Interior, gestiona en el ámbito de sus competencias los procedimientos de
denuncia y sanción por acciones y omisiones contrarias a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Dichos
procedimientos sancionadores se encuentran regulados en el título V de la citada norma
«Régimen Sancionador», teniendo su regulación un carácter específico reconocido en la
disposición adicional primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común.
En relación a los derechos integrantes de la Hacienda Pública Estatal, el artículo 5 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece que la misma
está constituida «por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico
cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus Organismos
Autónomos» y que «son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública Estatal
los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a
la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos que deriven del
ejercicio de potestades administrativas». En su virtud, las sanciones –multas
económicas–, por acciones y omisiones contrarias a lo dispuesto en la mencionada Ley
de Tráfico y Seguridad Vial, constituyen derechos de naturaleza pública Estatal que
derivan del ejercicio de la potestad administrativa sancionadora que ejerce el Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico.
Asimismo, el artículo 15.1 de la Ley General Presupuestaria en relación a la
prescripción de los derechos de la Hacienda Pública Estatal establece que «Salvo lo
establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cuatro
años el derecho de la Hacienda Pública estatal b) Al cobro de los créditos reconocidos o
liquidados, a contar desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera preceptiva,
desde su vencimiento.» Y en su apartado 3 «Los derechos de la Hacienda Pública
estatal declarados prescritos deberán ser dados de baja en las respectivas cuentas,
previa tramitación del oportuno expediente»
Por su parte el artículo 16 de la Ley General Presupuestaria señala que «el Ministro
de Hacienda podrá disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en
contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la
cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y
recaudación representen».
La presente resolución tiene por finalidad la declaración de prescripción de los
derechos pendientes de cobro de las sanciones –multas económicas– por infracciones a
la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y su correspondiente baja en la contabilidad del
Organismo Autónoma Jefatura Central de Tráfico que se relacionan en el apartado
primero de la presente resolución. A tal efecto se ha tramitado el correspondiente
expediente de prescripción de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común.

cve: BOE-A-2022-22654
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