BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305

Miércoles 21 de diciembre de 2022

Sec. I. Pág. 178598

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
21677

Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de
políticas públicas en la Administración General del Estado.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley.
PREÁMBULO
I
La evaluación de las políticas públicas se erige en la actualidad como una
herramienta imprescindible para la mejora de las acciones de gobierno, ya que favorece
la toma de decisiones informada y sirve como elemento para proponer eventuales
correcciones. Además, se configura como un instrumento fundamental para contar con
políticas públicas más eficaces y eficientes y, en última instancia, es un elemento de
profundización en la democracia al servir para la rendición de cuentas ante la
ciudadanía.
Desde organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), y por parte de personas expertas, se ha puesto de
manifiesto la importancia de institucionalizar la evaluación de las políticas públicas y la
necesidad de disponer de un marco regulador de su práctica, con el fin de contribuir a
mejorar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y dotar de una mayor
transparencia al proceso de toma de decisiones, siempre con el objetivo final de
profundizar en los principios democráticos.
En línea con este planteamiento, en el ámbito de la Unión Europea se ha venido
insistiendo en los últimos años en la conveniencia de crear un marco regulador desde el
nivel central de Gobierno que enmarque, de forma adecuada, el proceso de evaluación
de las políticas públicas.

A nivel internacional, y pese al consenso existente sobre la relevancia de la
evaluación en las sociedades más avanzadas, los últimos estudios llevados a cabo
indican que no existe un único modelo de institucionalización de la evaluación. Por
ejemplo, Estados Unidos y Canadá han aprobado recientemente normas con
obligaciones mínimas, y han creado organismos con una función más o menos reforzada
para el impulso y apoyo de la evaluación, a partir de su tradición de guías y directrices.
En otros países el enfoque evaluador se centraliza y canaliza desde el Ministerio de
Finanzas o equivalente, y se concreta en normas, directrices e instrucciones de impulso
de la evaluación, como en Noruega, Irlanda y el Reino Unido.
En nuestro país, en los últimos años se han producido avances importantes en
materia de evaluación, aunque aún no se dispone de un marco integrador común que
proporcione las herramientas y elementos básicos para impulsar una política de
evaluación de las políticas públicas.

cve: BOE-A-2022-21677
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II