BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 20 de diciembre de 2022

Sec. III. Pág. 178377

En síntesis, el procedimiento administrativo de recaudación ejecutiva en vía de
apremio constituye un procedimiento especial, dimanante del principio de autotutela
administrativa, basado en la ejecutividad y presunción de legalidad de los actos
administrativos, que son la base de la potestad de ejecución forzosa, en la vertiente de
apremio sobre el patrimonio de los obligados, encontrándose con cobertura legal en el
art. 10.1 de la ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y 160.2b) LGT.
Tercero. Transcurrido el plazo otorgado por la ley para posibilitar voluntariamente el
ingreso de las deudas de derecho público sin que se hayan materializado, se inicia con
carácter ex lege el periodo ejecutivo de apremio mediante la expedición del título
ejecutivo, que constituye la providencia de apremio. Según la normativa que regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter
nacional, se ordena la realización efectiva del crédito de derecho público que ha
resultado impagado a través de la ejecución individualizada sobre el patrimonio del
deudor, constituyendo de esta forma, la providencia de apremio, base y fundamento
jurídico del citado procedimiento ejecutivo.
En consecuencia, citada providencia es el acto de la Administración por la que, entre
otras cosas, se ordena la ejecución contra los bienes y derechos del deudor y se liquidan
los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, siendo título suficiente para iniciar el
procedimiento de apremio, con la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial, para
proceder contra el patrimonio del deudor, tal y como se desprende de los arts. 167.2 LGT
y 70.1 RGR. Providencia de apremio que, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil –LEC– y demás normativa concordante, no tiene establecida ni
encuentra limitación territorial alguna para la su eficacia.
Por su parte, la diligencia de embargo, dentro del seno del procedimiento de
apremio, se han de entender como el acto administrativo por el que se documenta en el
expediente ejecutivo, la traba producida sobre los bienes o derechos de titularidad del
deudor, la cual requiere, inexcusablemente, ser notificada, tanto a éste como, en su
caso, a los demás interesados en el procedimiento (art. 75.2 RGR).
Constituyendo, por tanto, el embargo la afección de unos bienes concretos y
determinados a un proceso, con la finalidad de proporcionar a la autoridad actora los
medios necesarios para llevar a normal término una futura ejecución, existiendo
jurídicamente desde que se decreta, con independencia de su anotación o no, en el
Registro de la Propiedad que, en su caso proceda, por razón de ubicación,
constituyéndose en síntesis en un derecho de garantía que nace con el despacho de la
diligencia y que se entiende hecho desde que se dicta, aunque no se hayan adoptado
aún las medidas de publicidad de la traba, tal y como dispone el art. 587 LEC.
El embargo, una vez existente, es eficaz desde que se decreta. Sin embargo, su
eficacia no es plena, al no afectar a terceros de buena fe, hasta que se lleve a efecto la
medida de garantía adecuada a la clase de naturaleza de los bienes trabados, que
cuando está referida a bienes inmuebles, consiste en su anotación en el Registro de la
Propiedad, con los efectos de que, tras su anotación, será eficaz ante todos, puesto que
la buena o mala fe de terceros depende del conocimiento o desconocimiento de su
existencia y que, con su reflejo registral mediante su anotación preventiva, nadie podrá
negar desconocimiento de la traba.
El fundamento de la medida de aseguramiento descansa en la prioridad o rango
registral (prior in tempore potior est iure). Ello exige una cierta celeridad entre la fecha de
su emisión o decreto y la de presentación en forma y plazo ordinario en los Registros
públicos, en evitación de que se adelanten otras cargas con acceso igualmente registral.
En este marco de actuación, los órganos recaudadores locales, en el ejercicio de las
competencias que legalmente tienen asignadas, han venido dictando diligencias de
embargo de bienes inmuebles de deudores cuya ubicación se encuentra fuera del
término municipal, al considerar que el límite territorial que constituye el término
municipal, al que alude el precitado art. 12 LRBRL, no comporta, de manera alguna, que
tenga prohibido adoptar decisiones o medidas cautelares en el seno de un procedimiento
administrativo de apremio respecto del que goza de competencia, aunque se proyecte en

cve: BOE-A-2022-21643
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Núm. 304