BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 298

Martes 13 de diciembre de 2022

Sec. III. Pág. 170914

consecuencia, y de acuerdo con un análisis de los riesgos de seguridad, las medidas de
seguridad necesarias que combatan dichos riesgos.
Seis. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su artículo 77.1, dispone que los
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social
en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán utilizarse para
los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la
cesión o comunicación tenga por objeto alguno de los que expresamente se enumeran
en dicho artículo.
Siete. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece en su artículo 141 el deber de colaboración entre las Administraciones
Públicas, recogiendo en el número 1.c) la obligación de facilitar a las otras
Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el
ejercicio de sus propias competencias, concretando en su artículo 142 –como una de las
técnicas de colaboración– el suministro de datos que se hallen a disposición del
organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración
solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.
Ocho. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, en su
disposición adicional centésima cuadragésima primera establece en su apartado cuatro
que las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas públicas
responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de contenido
económico enumeradas en el apartado dos facilitarán al Instituto Nacional de la
Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos identificativos de
los titulares de las prestaciones económicas, así como, en cuanto determinen o
condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas, de los
beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y
clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o
reconocimiento.
En este contexto, los representantes de las partes consideran necesario para el
cumplimiento de sus respectivos fines, establecer y definir las actuaciones, tanto por
parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social como responsable de la gestión y
administración del sistema de información TSD como por parte de la Ciudad Autónoma
de Melilla, como administración gestora de prestaciones sociales públicas de contenido
económico, en su doble función de suministradora de información a TSD y de usuaria de
los servicios de TSD, para garantizar un sistema estable y periódico de actualización y
consolidación del sistema de información Tarjeta Social Digital como herramienta de
gestión al servicio de las administraciones y organismos públicos con competencias en
materia de gestión de prestaciones sociales de contenido económico.
En consecuencia, dentro del espíritu de mutua colaboración para el cumplimiento de
los fines públicos, las partes acuerdan suscribir el presente convenio de acuerdo con las
siguientes
CLÁUSULAS
Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer y definir las actuaciones que
deberán realizar ambas partes para el desarrollo de la TSD y su posterior ejecución, con
la finalidad de que el sistema de información Tarjeta Social Digital sustituya al Registro
de Prestaciones Sociales Públicas garantizando todas las funcionalidades que
actualmente ofrece dicho Registro y se convierta en el sistema de información básico de
las prestaciones sociales económicas públicas en España que da apoyo a las
administraciones con competencias de gestión y control en esta materia al tiempo de

cve: BOE-A-2022-21130
Verificable en https://www.boe.es

Primera.