BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 12 de diciembre de 2022

Sec. III. Pág. 170194

Como hemos desarrollado en el anterior Fundamento de Derecho, una Orden
Ministerial que pretenda alterar el contenido y concepto de las cuentas anuales
incluyendo información adicional, que establezca como necesario un documento no
previsto en la ley y que «amplía» el contenido de la obligación de depósito -incluyendo
un documento no contable- es manifiestamente ilegal por contrario al principio de reserva
formal de ley.
En igual sentido se concluye en el Reglamento del Registro Mercantil ya que se ha
“congelado” el rango de la regulación reglamentaria del Registro Mercantil definiendo en
su artículo 366 el contenido de los documentos a presentar.
El argumento no exige de mayor detalle. Basta confrontar el contenido legalmente
exigido a las Cuentas Anuales y a los documentos contables que lo integran en el
Código de Comercio o en la LSC para concluir que la “titularidad real”, tal y como este
concepto resulta de la Ley 10/2010 y su Reglamento no es un concepto «contable” ni
requiere reflejo en documento de tal carácter. Pero tampoco es una “información no
financiera y de diversidad» tal y como este concepto se ha recibido por nuestro
ordenamiento.
Resulta así muy significativo que la transposición de la Directiva 2014/95/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la
Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e
información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas, se llevara a
cabo por virtud de un Real Decreto Ley, el 18/2017, de 24 de noviembre, que modificó el
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la
ley 22/2015, de 20 de julio, en materia de información no financiera. Esta norma de
rango legal estableció los sujetos que debían presentar esta información no financiera y
de diversidad y el contenido concreto de la información a suministrar y el alcance del
informe de auditoría de cuentas respecto a esta información. Cosa que no ha sucedido
con la novedosa exigencia de la identificación del titular real de la sociedad que vaya a
presentar el depósito de sus Cuentas Anuales.
No siendo información ni financiera ni información no financiera a reflejar en los
documentos legalmente depositables, su inclusión en la Orden y el efecto de cierre
registral que ocasiona vulnera el principio de reserva legal y de jerarquía normativa
determinando la concurrencia de un nuevo motivo de nulidad de pleno derecho.
Obsérvese además que su configuración por la Orden como presupuesto del
depósito de cuentas convierte una actuación voluntaria la manifestación espontánea de
la titularidad real a efectos de realización de operaciones con terceros en una actuación
«necesaria». Lo que nos lleva a la conocida doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
voluntariedad en las prestaciones patrimoniales públicas. Así la STC 185/1995 indicaba
que “debe precisarse que la libertad o la espontaneidad exigida en la realización del
hecho imponible y en la decisión de obligarse debe ser real y efectiva. Esto significa que
deberán considerarse coactivamente impuestas no sólo aquellas prestaciones en las que
la realización del supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria, sino
también aquellas en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente
indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social
de las particulares de acuerda con las circunstancias sociales de cada momento y Jugar
o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estas bienes, servicios o actividades
priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada a social”.
La necesaria presentación de la declaración de titularidad real como presupuesto del
depósito de cuentas, siendo estas imprescindibles para el desarrollo de la actividad
económica, convierte a un acto voluntario en un acto necesariamente obligatorio. Aquí
no se obliga al sujeto obligado que debe desplegar la necesaria diligencia para hacer las
averiguaciones, sino directa e inmediatamente a la sociedad que no es un sujeto
obligado a efectos de la Ley 10/2010. Se define así una prestación personal pública no
voluntaria impuesta por una norma reglamentaria con rango de orden ministerial. La
contravención del artículo 31 de la Constitución y de la reserva material de ley que tal
precepto establece es obvia.

cve: BOE-A-2022-20983
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Núm. 297