T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2022-20181)
Pleno. Sentencia 137/2022, de 26 de octubre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 6945-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 1 de diciembre de 2022
Sec. TC. Pág. 165072
per se en una ley singular que pudiera ser reputada como inconstitucional». Indica que lo
que contiene el precepto cuestionado es una «medida excepcional para intentar
remediar una situación igualmente excepcional», a saber, la «notable demora
administrativa que ha ralentizado la puesta a disposición de los medios personales que
de manera inaplazable requiere el funcionamiento de los servicios públicos». Esta
situación sería consecuencia del «solapamiento de las ofertas públicas de empleo, la no
terminación de los procesos selectivos de conformidad con las previsiones sobre su
desarrollo y conclusión, así como la demora en la solución de los procedimientos de
movilidad entre quienes previamente ya han accedido a la función pública», así como de
«la necesidad de ejecutar la sentencia número 74, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 21 de febrero de 2018,
en su sede de Las Palmas, que anuló la orden de 12 de septiembre de 2016, por la que
se aprobó la modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo de los
distintos departamentos y organismos autónomos del Gobierno de Canarias, lo que ha
supuesto la necesidad de iniciar de nuevo todo el procedimiento de aprobación del
catálogo de todas las plazas de la administración del Gobierno de Canarias».
Señala que, así entendida, esta singularidad de la norma no incurre en proscripción
constitucional. Con cita de la STC 152/2017, de 21 de diciembre, sostiene que estamos
ante una ley singular no autoaplicativa «dictada en atención a un supuesto de hecho
concreto, esto es, a una situación singular o excepcional», cuyo canon de
constitucionalidad es el de la razonabilidad, proporcionalidad y adecuación. Indica que
en modo alguno se puede reprochar al legislador canario el hacer frente a una situación
real que afecta a la organización de la función pública mediante una solución coyuntural.
Señala que las normas aprobadas por el legislador pueden ser modificadas en cualquier
momento y que, en consecuencia, la mera diferencia de trato en el tiempo por sucesivas
opciones del legislador no supone una infracción de la igualdad.
b) En segundo lugar, el representante del Parlamento de Canarias se refiere a la
justificación de la disposición legal impugnada.
Señala que no es asumible, y que constituye un juicio de valor contrario a la división
de poderes, la valoración contenida en el auto de planteamiento según la cual las
dificultades en el ámbito de la gestión de la función pública canaria se derivarían de
incumplimientos e ilegalidades atribuibles a la propia administración autonómica.
Igualmente considera una conjetura inaceptable la afirmación del auto de planteamiento
según la cual la finalidad de la norma sería la de persistir en la no convocatoria de los
concursos de traslados periódicos «y seguir afrontando los problemas que de ello se
deriven con sucesivas leyes medidas similares a la cuestionada, de manera que
periódicamente los opositores a la administración pública canaria se verían sometidos a
regímenes singulares y diferenciados de los funcionarios ya ingresados,
superponiéndose sucesivos estatutos jurídicos».
Recuerda que la finalidad de la norma consiste en conciliar dos intereses
contrapuestos, a saber, «las legítimas expectativas de movilidad, promoción profesional
y carrera administrativa de los funcionarios y las funcionarias de carrera existentes en la
administración autonómica» y las «no menos legítimas expectativas de acceso a los
empleos públicos por parte de los funcionarios y las funcionarias de nuevo ingreso». E
indica que tal justificación fue avalada por el dictamen del Consejo Consultivo 379/2019,
de 23 de octubre de 2019, que tenía por objeto el Decreto-ley del Gobierno de
Canarias 6/2019, de 10 de octubre, que luego ha devenido en la cuestionada
Ley 18/2019.
c) A continuación, el representante del Parlamento de Canarias se refiere a la
supuesta vulneración del derecho de los funcionarios de nuevo ingreso a ser adscritos a
un destino definitivo en su primer nombramiento.
Por una parte, niega la existencia de tal derecho individual, señalando que «la
doctrina viene afirmando que el funcionario público es titular del derecho al cargo, es
decir, del derecho a no ser privado de la condición de funcionario, pero no es en cambio
titular del derecho a obtener un destino concreto». Sostiene, con cita de la STS de 10 de
cve: BOE-A-2022-20181
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Núm. 288
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per se en una ley singular que pudiera ser reputada como inconstitucional». Indica que lo
que contiene el precepto cuestionado es una «medida excepcional para intentar
remediar una situación igualmente excepcional», a saber, la «notable demora
administrativa que ha ralentizado la puesta a disposición de los medios personales que
de manera inaplazable requiere el funcionamiento de los servicios públicos». Esta
situación sería consecuencia del «solapamiento de las ofertas públicas de empleo, la no
terminación de los procesos selectivos de conformidad con las previsiones sobre su
desarrollo y conclusión, así como la demora en la solución de los procedimientos de
movilidad entre quienes previamente ya han accedido a la función pública», así como de
«la necesidad de ejecutar la sentencia número 74, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 21 de febrero de 2018,
en su sede de Las Palmas, que anuló la orden de 12 de septiembre de 2016, por la que
se aprobó la modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo de los
distintos departamentos y organismos autónomos del Gobierno de Canarias, lo que ha
supuesto la necesidad de iniciar de nuevo todo el procedimiento de aprobación del
catálogo de todas las plazas de la administración del Gobierno de Canarias».
Señala que, así entendida, esta singularidad de la norma no incurre en proscripción
constitucional. Con cita de la STC 152/2017, de 21 de diciembre, sostiene que estamos
ante una ley singular no autoaplicativa «dictada en atención a un supuesto de hecho
concreto, esto es, a una situación singular o excepcional», cuyo canon de
constitucionalidad es el de la razonabilidad, proporcionalidad y adecuación. Indica que
en modo alguno se puede reprochar al legislador canario el hacer frente a una situación
real que afecta a la organización de la función pública mediante una solución coyuntural.
Señala que las normas aprobadas por el legislador pueden ser modificadas en cualquier
momento y que, en consecuencia, la mera diferencia de trato en el tiempo por sucesivas
opciones del legislador no supone una infracción de la igualdad.
b) En segundo lugar, el representante del Parlamento de Canarias se refiere a la
justificación de la disposición legal impugnada.
Señala que no es asumible, y que constituye un juicio de valor contrario a la división
de poderes, la valoración contenida en el auto de planteamiento según la cual las
dificultades en el ámbito de la gestión de la función pública canaria se derivarían de
incumplimientos e ilegalidades atribuibles a la propia administración autonómica.
Igualmente considera una conjetura inaceptable la afirmación del auto de planteamiento
según la cual la finalidad de la norma sería la de persistir en la no convocatoria de los
concursos de traslados periódicos «y seguir afrontando los problemas que de ello se
deriven con sucesivas leyes medidas similares a la cuestionada, de manera que
periódicamente los opositores a la administración pública canaria se verían sometidos a
regímenes singulares y diferenciados de los funcionarios ya ingresados,
superponiéndose sucesivos estatutos jurídicos».
Recuerda que la finalidad de la norma consiste en conciliar dos intereses
contrapuestos, a saber, «las legítimas expectativas de movilidad, promoción profesional
y carrera administrativa de los funcionarios y las funcionarias de carrera existentes en la
administración autonómica» y las «no menos legítimas expectativas de acceso a los
empleos públicos por parte de los funcionarios y las funcionarias de nuevo ingreso». E
indica que tal justificación fue avalada por el dictamen del Consejo Consultivo 379/2019,
de 23 de octubre de 2019, que tenía por objeto el Decreto-ley del Gobierno de
Canarias 6/2019, de 10 de octubre, que luego ha devenido en la cuestionada
Ley 18/2019.
c) A continuación, el representante del Parlamento de Canarias se refiere a la
supuesta vulneración del derecho de los funcionarios de nuevo ingreso a ser adscritos a
un destino definitivo en su primer nombramiento.
Por una parte, niega la existencia de tal derecho individual, señalando que «la
doctrina viene afirmando que el funcionario público es titular del derecho al cargo, es
decir, del derecho a no ser privado de la condición de funcionario, pero no es en cambio
titular del derecho a obtener un destino concreto». Sostiene, con cita de la STS de 10 de
cve: BOE-A-2022-20181
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