T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2022-20180)
Pleno. Sentencia 136/2022, de 26 de octubre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 5786-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función pública: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 1 de diciembre de 2022
Sec. TC. Pág. 165058
5. Mediante sendos escritos registrados el 24 de marzo de 2022, la presidenta del
Congreso de los Diputados y el presidente del Senado comunicaron los acuerdos
adoptados por las mesas de las respectivas Cámaras de personación en el presente
proceso constitucional y ofrecimiento de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. Con fecha 5 de abril de 2022 tuvo entrada en el registro general de este tribunal
el escrito de alegaciones del abogado del Estado interesando la estimación de la
cuestión de inconstitucionalidad.
Recuerda la doctrina constitucional conforme a la cual la legislación básica (i) puede
estar recogida en normas de carácter reglamentario y (ii) en materia de función pública,
su alcance se extiende a la regulación de la provisión de puestos de trabajo en el marco
del art. 103 CE. Indica que la disposición cuestionada configura a la adscripción
provisional como forma de provisión de puestos de trabajo al personal de nuevo ingreso
y que, además, lo hace limitándose a unas determinadas ofertas de empleo (ley singular
o de caso único), incurriendo en contradicción con la norma básica recogida en el art. 26
del Reglamento general de ingreso, que prevé la asignación definitiva del puesto de
trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso. Según el abogado del Estado, la previsión
de que la asignación inicial ha de ser definitiva se fundamenta en los principios que
deben regir la función pública según el art. 103 CE (igualdad, mérito y capacidad). Y
recuerda que la Sala que plantea la cuestión ya ha dejado constancia de ello en las
distintas resoluciones que ha dictado sobre esta materia, cuando la comunidad
autónoma establecía normas semejantes a la ahora cuestionada, pero por vía de
reglamento.
7. El 18 de abril de 2022 tuvo entrada en el registro general de este tribunal escrito
del secretario primero del Parlamento de Canarias por el que se comunica el acuerdo
adoptado por la mesa de la Cámara de autorización de personación en el presente
proceso constitucional y de asignación de la representación del Parlamento de Canarias
ante el Tribunal Constitucional, así como de la dirección jurídica de la cuestión de
inconstitucionalidad, al letrado-secretario general de la Cámara. En el mismo trámite, se
registró escrito del letrado-secretario general del Parlamento de Canarias, en
representación de este, por el que se personó en el proceso y formuló alegaciones,
mediante las que interesa la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad. De
forma sucinta, las alegaciones son las siguientes:
a) En primer lugar, niega que la norma cuestionada sea una ley singular en el
sentido proscrito por la doctrina constitucional, y en todo caso subraya que el auto de
planteamiento no señala «la conexión que tal supuesta circunstancia tendría con la
competencia del art. 149.1.18 CE que es el único precepto que se señala como
vulnerado». Indica que el concepto de ley singular alude a las leyes autoaplicativas
dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, mientras que la norma
cuestionada «es una ley general, abstracta y definida de manera objetiva, en cuanto sus
destinatarios son indeterminados y resulta posible aplicarla de forma reiterada mientras
esté vigente, y no se promulgue una norma en contrario», además de precisar actos de
aplicación –como el impugnado en el proceso de que trae causa la cuestión de
inconstitucionalidad–, lo que demostraría que la citada ley no provoca indefensión de los
directamente afectados por ella.
Sostiene el representante del Parlamento de Canarias que «el hecho de que la
norma atienda a una situación que se reputa como excepcional, no la transforma per se
en una ley singular que pudiera ser reputada como inconstitucional». Lo que contiene el
precepto cuestionado es una «medida excepcional para intentar remediar una situación
igualmente excepcional», a saber, la «notable demora administrativa que ha ralentizado
la puesta a disposición de los medios personales que de manera inaplazable requiere el
funcionamiento de los servicios públicos». Esta situación sería consecuencia del
«solapamiento de las ofertas públicas de empleo, la no terminación de los procesos
selectivos de conformidad con las previsiones sobre su desarrollo y conclusión, así como
cve: BOE-A-2022-20180
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Núm. 288
Jueves 1 de diciembre de 2022
Sec. TC. Pág. 165058
5. Mediante sendos escritos registrados el 24 de marzo de 2022, la presidenta del
Congreso de los Diputados y el presidente del Senado comunicaron los acuerdos
adoptados por las mesas de las respectivas Cámaras de personación en el presente
proceso constitucional y ofrecimiento de colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. Con fecha 5 de abril de 2022 tuvo entrada en el registro general de este tribunal
el escrito de alegaciones del abogado del Estado interesando la estimación de la
cuestión de inconstitucionalidad.
Recuerda la doctrina constitucional conforme a la cual la legislación básica (i) puede
estar recogida en normas de carácter reglamentario y (ii) en materia de función pública,
su alcance se extiende a la regulación de la provisión de puestos de trabajo en el marco
del art. 103 CE. Indica que la disposición cuestionada configura a la adscripción
provisional como forma de provisión de puestos de trabajo al personal de nuevo ingreso
y que, además, lo hace limitándose a unas determinadas ofertas de empleo (ley singular
o de caso único), incurriendo en contradicción con la norma básica recogida en el art. 26
del Reglamento general de ingreso, que prevé la asignación definitiva del puesto de
trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso. Según el abogado del Estado, la previsión
de que la asignación inicial ha de ser definitiva se fundamenta en los principios que
deben regir la función pública según el art. 103 CE (igualdad, mérito y capacidad). Y
recuerda que la Sala que plantea la cuestión ya ha dejado constancia de ello en las
distintas resoluciones que ha dictado sobre esta materia, cuando la comunidad
autónoma establecía normas semejantes a la ahora cuestionada, pero por vía de
reglamento.
7. El 18 de abril de 2022 tuvo entrada en el registro general de este tribunal escrito
del secretario primero del Parlamento de Canarias por el que se comunica el acuerdo
adoptado por la mesa de la Cámara de autorización de personación en el presente
proceso constitucional y de asignación de la representación del Parlamento de Canarias
ante el Tribunal Constitucional, así como de la dirección jurídica de la cuestión de
inconstitucionalidad, al letrado-secretario general de la Cámara. En el mismo trámite, se
registró escrito del letrado-secretario general del Parlamento de Canarias, en
representación de este, por el que se personó en el proceso y formuló alegaciones,
mediante las que interesa la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad. De
forma sucinta, las alegaciones son las siguientes:
a) En primer lugar, niega que la norma cuestionada sea una ley singular en el
sentido proscrito por la doctrina constitucional, y en todo caso subraya que el auto de
planteamiento no señala «la conexión que tal supuesta circunstancia tendría con la
competencia del art. 149.1.18 CE que es el único precepto que se señala como
vulnerado». Indica que el concepto de ley singular alude a las leyes autoaplicativas
dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, mientras que la norma
cuestionada «es una ley general, abstracta y definida de manera objetiva, en cuanto sus
destinatarios son indeterminados y resulta posible aplicarla de forma reiterada mientras
esté vigente, y no se promulgue una norma en contrario», además de precisar actos de
aplicación –como el impugnado en el proceso de que trae causa la cuestión de
inconstitucionalidad–, lo que demostraría que la citada ley no provoca indefensión de los
directamente afectados por ella.
Sostiene el representante del Parlamento de Canarias que «el hecho de que la
norma atienda a una situación que se reputa como excepcional, no la transforma per se
en una ley singular que pudiera ser reputada como inconstitucional». Lo que contiene el
precepto cuestionado es una «medida excepcional para intentar remediar una situación
igualmente excepcional», a saber, la «notable demora administrativa que ha ralentizado
la puesta a disposición de los medios personales que de manera inaplazable requiere el
funcionamiento de los servicios públicos». Esta situación sería consecuencia del
«solapamiento de las ofertas públicas de empleo, la no terminación de los procesos
selectivos de conformidad con las previsiones sobre su desarrollo y conclusión, así como
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Núm. 288
