BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 281

Miércoles 23 de noviembre de 2022

Sec. I. Pág. 159815

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Real Decreto 983/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Lepe y de Moguer
para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas
trabajadoras temporeras en sus municipios.

La reducción de las situaciones de pobreza y de precariedad en el ámbito laboral
constituyen uno de los objetivos prioritarios de la actual agenda internacional de
desarrollo sostenible con la adopción, en el año 2015, de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, a través de la Resolución A/RES/70/1 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas «Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». Dicha agenda internacional de
compromisos, suscrita por España, inicia una senda de clara apuesta por la consecución
de una nueva era centrada en el desarrollo sostenible en la que la dignidad y el valor de
cada persona es afirmado y respetado, impulsando, así, la capacidad del conjunto de la
ciudadanía para desarrollarse y definir su propia vida.
En ese marco, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por el Consejo
de Ministros, el 8 de junio de 2021, constituye la hoja de ruta para la consecución de la
Agenda 2030, situando como retos la necesidad de acabar con la pobreza y la
desigualdad, a la vez que se pone fin a la precariedad laboral. Afrontar los retos de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 requiere de un enfoque multiactor y multinivel
para el que es necesario contar con todas las Administraciones públicas, además de
otros actores sociales, sindicales y empresariales.
En el año 2020, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema
pobreza y los derechos humanos publicó una Declaración sobre la conclusión de su
visita oficial a España entre el 27 de enero y el 7 de febrero de dicho año, alertando de la
especial vulnerabilidad de la población inmigrante y, más concretamente, de las
personas que viven en asentamientos irregulares en la provincia de Huelva, estimando
que esta situación afecta a entre 2.300 y 2.500 personas. A través de este llamamiento,
el Relator Especial de las Naciones Unidas advertía de las duras condiciones de vida de
estos asentamientos, lejanos a suministros de agua potable y carentes de electricidad y
de sistemas de saneamiento adecuados. Además, el informe resalta que esta población
temporera se encuentra con grandes dificultades para poder acceder a una vivienda en
alquiler y al resto de servicios públicos básicos, lo que, sumado a sus bajos recursos
socioeconómicos, les impide poder ejercer una vida digna y plena.
A esta Declaración se suma la comunicación conjunta recibida por el Gobierno de
España el 30 de abril de 2020 (Ref: AL ESP 1/2020), suscrita por varios procedimientos
especiales del Consejo de Derechos Humanos, igualmente referida a la situación de los
trabajadores agrícolas que residen en los asentamientos de inmigrantes en Huelva, en la
que alertan del incumplimiento de varios derechos recogidos en distintos tratados
internacionales suscritos por España. A ello se suman las actuaciones de oficio
realizadas, desde el año 2001, tanto por el Defensor del Pueblo, como por el Defensor
del Pueblo Andaluz, que han incluido visitas a los asentamientos y su posterior
seguimiento.
Esta situación de alerta se vincula, por tanto, con una de las principales controversias
existentes en relación con el sector agrícola fundamentado en la plasticultura y cuya
situación laboral contrasta con la robustez del sector agrícola en nuestro país, el cual,
además, ha sido uno de los grandes pilares durante los peores momentos de la
pandemia y sostén de una vida que quedó repentinamente paralizada. La falta de
vivienda, la dispersión o la fluctuación de población en los municipios con mayor

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