III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2022-18516)
Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Nules n.º 3, por la que se deniega la inscripción de una certificación de acta de adjudicación de bienes y mandamiento de cancelación de inscripciones y anotaciones posteriores no preferentes expedidos en expediente administrativo de apremio que se instruye contra una sociedad mercantil.
13 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 11 de noviembre de 2022
Sec. III. Pág. 154052
dará lugar a responsabilidad patrimonial de la administración por los perjuicios causados
al urbanizador (…)».
De la citada legislación resulta que las cuotas de urbanización deben ser satisfechas
por los propietarios al urbanizador, si bien serán objeto de previa aprobación por la por la
Administración actuante, y su impago podrá dar lugar a la ejecución forzosa, por medio
de apremio sobre la finca afectada.
Dado que el apremio es un procedimiento exclusivamente administrativo solo
Administración Pública (en cualquiera de sus estamentos: el Estado, las Autonomías, las
Diputaciones, los Ayuntamientos…) puede iniciarlo y resolver todas sus incidencias.
Pero, como dice el citado artículo, la ejecución forzosa de la liquidación de las cuotas
se efectúa a través de la administración actuante y en beneficio del urbanizador que es
el acreedor del importe de las cuotas.
5. Respecto a la ejecución, en el caso de que la subasta quede desierta, debe
igualmente entenderse que el Ayuntamiento actúa en beneficio del urbanizador; por lo
tanto, es perfectamente viable que la finca, en caso de quedar desierta la subasta, se
adjudique al urbanizador.
Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2002 de la Sala Tercera,
de lo Contencioso-Administrativo, referida a las juntas de compensación, en su
fundamento tercero señala: «Incidentalmente podemos señalar que la Junta de
Compensación, es, según el artículo 130.2 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, la
beneficiaria del procedimiento de apremio para exigir a sus miembros las cantidades que
les adeudan, por lo que aunque la naturaleza de los actos que en dicho procedimiento se
llevan a cabo exige la intervención de una Administración Pública, los resultados del
procedimiento se enderezan a satisfacer los intereses de la Junta, de modo que si esa
satisfacción supone la adjudicación directa de una finca que no haya podido ser vendida
en pública subasta ningún obstáculo existe en que sea la Junta de Compensación
acreedora la destinataria de esa adjudicación.»
En el mismo sentido, mucho más recientemente y en relación con la legislación
valenciana, la sentencia de 16 de enero de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en el
recurso de apelación número 246/2018, invocada por el recurrente, que en el
fundamento de Derecho cuarto establece literalmente: «El bien inmueble propiedad de la
demandante no fue tampoco finalmente adjudicado a través del sistema de adjudicación
directa. A la vista del expediente, queda claro que se anunció por edictos el inicio del
mismo pero que no hubo interesados, por lo que la adjudicación se llevó a cabo en
aplicación del artículo 109 del Reglamento General de Recaudación. No nos hallamos,
como sostiene la parte recurrente, ante una adjudicación a favor de un tercero, sino del
propio acreedor de la deuda, el agente urbanizador. Hay que tener en cuenta que nos
hallamos ante una ejecución de cuotas urbanísticas de las cuales es acreedor el agente
urbanizador pero que ejecuta la administración actuante. En estas circunstancias, la
posición del agente urbanizador es equivalente a la prevista en el artículo 109 para la
Hacienda Pública, por lo que la adjudicación se lleva a cabo a favor de aquél en su
calidad de acreedor.»
Por lo tanto no estamos ante una subrogación de los titulares de cargas posteriores a
la cuota objeto de ejecución sino ante una adjudicación al acreedor, que no es otro que
el urbanizador, así, como destaca la más autorizada doctrina, en las actuaciones
urbanizadoras donde la reclamación de los costes de urbanización derivados de la
afección urbanística son por cuenta de un tercero, distinto a la Administración actuante,
como por ejemplo sería el caso de una junta de compensación o un agente urbanizador,
llegado al momento de la ejecución y quedase ésta desierta, la Administración municipal
ejecutante ha de proponer al responsable de la actuación urbanizadora que haya instado
la ejecución de la afección, la adjudicación del bien en pago de la deuda; opción que le
permitirá a éste decidir si se adjudica el bien, o, en caso contrario, descartar esta opción.
cve: BOE-A-2022-18516
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 271
Viernes 11 de noviembre de 2022
Sec. III. Pág. 154052
dará lugar a responsabilidad patrimonial de la administración por los perjuicios causados
al urbanizador (…)».
De la citada legislación resulta que las cuotas de urbanización deben ser satisfechas
por los propietarios al urbanizador, si bien serán objeto de previa aprobación por la por la
Administración actuante, y su impago podrá dar lugar a la ejecución forzosa, por medio
de apremio sobre la finca afectada.
Dado que el apremio es un procedimiento exclusivamente administrativo solo
Administración Pública (en cualquiera de sus estamentos: el Estado, las Autonomías, las
Diputaciones, los Ayuntamientos…) puede iniciarlo y resolver todas sus incidencias.
Pero, como dice el citado artículo, la ejecución forzosa de la liquidación de las cuotas
se efectúa a través de la administración actuante y en beneficio del urbanizador que es
el acreedor del importe de las cuotas.
5. Respecto a la ejecución, en el caso de que la subasta quede desierta, debe
igualmente entenderse que el Ayuntamiento actúa en beneficio del urbanizador; por lo
tanto, es perfectamente viable que la finca, en caso de quedar desierta la subasta, se
adjudique al urbanizador.
Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2002 de la Sala Tercera,
de lo Contencioso-Administrativo, referida a las juntas de compensación, en su
fundamento tercero señala: «Incidentalmente podemos señalar que la Junta de
Compensación, es, según el artículo 130.2 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, la
beneficiaria del procedimiento de apremio para exigir a sus miembros las cantidades que
les adeudan, por lo que aunque la naturaleza de los actos que en dicho procedimiento se
llevan a cabo exige la intervención de una Administración Pública, los resultados del
procedimiento se enderezan a satisfacer los intereses de la Junta, de modo que si esa
satisfacción supone la adjudicación directa de una finca que no haya podido ser vendida
en pública subasta ningún obstáculo existe en que sea la Junta de Compensación
acreedora la destinataria de esa adjudicación.»
En el mismo sentido, mucho más recientemente y en relación con la legislación
valenciana, la sentencia de 16 de enero de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en el
recurso de apelación número 246/2018, invocada por el recurrente, que en el
fundamento de Derecho cuarto establece literalmente: «El bien inmueble propiedad de la
demandante no fue tampoco finalmente adjudicado a través del sistema de adjudicación
directa. A la vista del expediente, queda claro que se anunció por edictos el inicio del
mismo pero que no hubo interesados, por lo que la adjudicación se llevó a cabo en
aplicación del artículo 109 del Reglamento General de Recaudación. No nos hallamos,
como sostiene la parte recurrente, ante una adjudicación a favor de un tercero, sino del
propio acreedor de la deuda, el agente urbanizador. Hay que tener en cuenta que nos
hallamos ante una ejecución de cuotas urbanísticas de las cuales es acreedor el agente
urbanizador pero que ejecuta la administración actuante. En estas circunstancias, la
posición del agente urbanizador es equivalente a la prevista en el artículo 109 para la
Hacienda Pública, por lo que la adjudicación se lleva a cabo a favor de aquél en su
calidad de acreedor.»
Por lo tanto no estamos ante una subrogación de los titulares de cargas posteriores a
la cuota objeto de ejecución sino ante una adjudicación al acreedor, que no es otro que
el urbanizador, así, como destaca la más autorizada doctrina, en las actuaciones
urbanizadoras donde la reclamación de los costes de urbanización derivados de la
afección urbanística son por cuenta de un tercero, distinto a la Administración actuante,
como por ejemplo sería el caso de una junta de compensación o un agente urbanizador,
llegado al momento de la ejecución y quedase ésta desierta, la Administración municipal
ejecutante ha de proponer al responsable de la actuación urbanizadora que haya instado
la ejecución de la afección, la adjudicación del bien en pago de la deuda; opción que le
permitirá a éste decidir si se adjudica el bien, o, en caso contrario, descartar esta opción.
cve: BOE-A-2022-18516
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 271
