BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 1 de noviembre de 2022

Sec. TC. Pág. 149350

2. Los antecedentes de hecho de la presente cuestión de inconstitucionalidad son,
sucintamente expuestos, los siguientes:
a) Con fecha 23 de junio de 2020 se interpone recurso contencioso-administrativo
por parte de doña Silvia María Roselló Hernández, contra resolución de 5 de febrero
de 2020 («Boletín Oficial de Canarias» de 14 de febrero de 2020), del director general de
la Función Pública del Gobierno de Canarias, por la que se nombra personal funcionario
de carrera en el Cuerpo Superior de Administradores, escala de administradores
generales (grupo A, subgrupo A1), de la administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a las personas aspirantes seleccionadas en virtud de las pruebas
selectivas convocadas por resolución de 23 de junio de 2017 y se les adjudica puesto de
trabajo con carácter provisional.
El recurso se fundamenta en el derecho de la recurrente a ser adscrita a un puesto
de trabajo de manera definitiva, por lo que se solicita el planteamiento de una cuestión
de inconstitucionalidad de la totalidad de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019,
de 2 de diciembre, y subsidiariamente del apartado 1 del artículo 1, por vulneración de
los arts. 14, 23, 103.2 y 149.1.1 y 18 CE.
b) Admitido a trámite el recurso, por sendos autos de 5 de marzo de 2021 se
deniega el recibimiento del pleito a prueba, así como la aportación de más documental
interesada por la actora con posterioridad a su escrito de demanda. Con fecha 19 de
mayo de 2021 se declara el recurso concluso y pendiente únicamente de votación y fallo.
c) Por providencia de 11 de junio de 2021 la Sala acuerda, conforme al art. 35.2 de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), oír a las partes y al Ministerio Fiscal
para que, en plazo común e improrrogable de diez días, pudieran alegar lo que a su
derecho conviniere sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en
relación con el artículo 1 –salvo únicamente su párrafo primero– de la Ley del
Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, o sobre el fondo de esta.
d) El Ministerio Fiscal, por escrito de 28 de junio de 2019, entiende que la cuestión
de inconstitucionalidad cumple los requisitos formales del art. 35 LOTC y no se opone a
su planteamiento, sin pronunciarse sobre el fondo a la espera de que lo haga la fiscal
general del Estado en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Constitucional. La parte
recurrente, en escrito de la misma fecha, se ratifica acerca de la necesidad de plantear la
cuestión de inconstitucionalidad. Por escrito de 29 de junio de 2021, la letrada de los
servicios jurídicos del Gobierno de Canarias interesa se dicte auto disponiendo la
prosecución de actuaciones sin sometimiento de la cuestión al Tribunal Constitucional.
e) Por auto de 12 de julio de 2021, la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó el
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
3. El auto de planteamiento, tras hacer referencia a los hechos de los que trae
causa la presente cuestión de inconstitucionalidad, pone de manifiesto que se cumplen
los requisitos procesales para su planteamiento y, acto seguido, expone el alcance y el
fundamento de la duda de constitucionalidad planteada.
a) En cuanto al juicio de aplicabilidad, la Sala indica que la norma legal cuestionada
es aplicable al caso. El acto administrativo impugnado es un acto de aplicación de la Ley
del Parlamento de Canarias 18/2019, y es conforme a la misma. Por lo que atañe al
juicio de relevancia, en el auto de planteamiento se subraya que la demanda en el
proceso a quo está dirigida a combatir no el acto administrativo recurrido, sino la ley de
la que es aplicación. Afirma el órgano judicial proponente que la controversia no puede
decidirse sin dejar de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley canaria 18/2019,
acerca de la cual alberga serias dudas. Por lo que respecta al trámite de audiencia a las
partes y al Ministerio Fiscal exigido por el art. 35.2 LOTC, el órgano judicial explica que
«es cierto que finalmente este auto ha centrado la cuestión de manera más reducida» de
lo que en su día se expresó en la providencia por la que se abrió dicho trámite, pero
señala que el requisito de la audiencia previa ha de entenderse correctamente cumplido,

cve: BOE-A-2022-17972
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Núm. 262