BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 226

Martes 20 de septiembre de 2022

Sec. I. Pág. 129200

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
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Decreto-ley 7/2022, de 11 de julio, de prestaciones sociales de carácter
económico de las Illes Balears.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El impacto social y económico que la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha
generado sobre el conjunto de la sociedad obliga a las administraciones públicas a
reaccionar con el despliegue, desde diferentes niveles y áreas de competencia, de
políticas de garantía de rentas, con el objeto de salvaguardar la satisfacción de las
necesidades básicas de amplios sectores de la población.
La respuesta de las administraciones ha ido dirigida a generar una salida de la crisis
que dé oportunidades a todos y que permita una sociedad con menos desigualdad y
mayor cohesión social.
En este contexto, el Gobierno de las Islas adoptó medidas extraordinarias, que
ponían al alcance de todas las personas en situación de vulnerabilidad económica el
acceso a la renta social garantizada ya la renta mínima de inserción mediante el Decreto
ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio
ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto
económico y social de la COVID-19, y el Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se
establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por
la COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria. Ambos decretos leyes
establecieron medidas relativas a colectivos en situación de vulnerabilidad y medidas
extraordinarias en materia de gestión de la renta social garantizada.
Sin embargo, la herramienta de actuación principal fue el Decreto ley 10/2020, de 12
de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, en el que
se hizo una nueva regulación de la renta social garantizada, hasta entonces definida en
la Ley 5/2016, de 13 de abril, de la Renta social garantizada, de forma que se facilita su
tramitación, se mejoran los procedimientos y se amplían los colectivos susceptibles de
recibirla. Todo ello de forma coordinada con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital
(IMV), prestación social de carácter económico de carácter estatal, gestionada por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y regulada por el Real Decreto Ley 20/2020,
de 29 de mayo, que establece el ingreso mínimo vital (actualmente Ley 19/2021, de 21
de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital) de forma que la renta
autonómica se convierte en una prestación con carácter subsidiario de la estatal.
Además, el Decreto ley 10/2020 agrupa en una única norma de rango legal la regulación
de diversas prestaciones hasta entonces definidas en normas de rango reglamentario,
como la renta de emancipación de jóvenes que han sido sometidos a medidas
administrativas de tutela o guarda del sistema de protección de menores, o el
complemento de rentas de las Illes Balears en las pensiones no contributivas (PNC).
Si una parte importante de la población ha experimentado dificultades económicas
temporales, las personas en situación de vulnerabilidad han visto aumentar su riesgo de
cronificación y pobreza.
Analizando el impacto que ha tenido la pandemia en la situación social de las
personas y los hogares españoles, el Informe FOESSA 2022. Consecuencias de la
COVID-19 en España pone de manifiesto que la crisis de 2020 ha presentado unas
características muy especiales respecto a otras crisis anteriores y, en concreto, respecto
a la de 2008-2013: por su origen externo al sistema económico, por los sectores que han

cve: BOE-A-2022-15292
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