BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 210

Jueves 1 de septiembre de 2022

Sec. III. Pág. 121978

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CONSUMO
Orden CSM/837/2022, de 30 de agosto, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, de
subvenciones destinadas a la digitalización y modernización de Juntas
Arbitrales de Consumo, adscritas a Administraciones locales y autonómicas,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Mediante Acuerdo de 27 de abril de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incorpora una importante
agenda de inversiones y reformas estructurales y que ha sido aprobado por la Comisión
Europea en fecha 16 de junio de 2021, y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de
julio de 2021.
El PRTR permitirá que España pueda acceder a una cuantía de
hasta 140.000 millones de euros en créditos y transferencias en el periodo 2021-2026
que, junto con la Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa
(REACT-UE) y el resto de los instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual,
impulsarán reformas e inversiones en los ámbitos prioritarios a nivel europeo. Para ello,
el citado Plan se estructura en cuatro ejes dedicados a la transición ecológica,
transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, desarrolladas a
través de diez políticas palanca y treinta componentes.
La cuarta palanca se refiere a una Administración para el siglo XXI, planteando una
modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y
la economía en todo el territorio. El componente 11, que desarrolla esta política a través
de un conjunto de reformas e inversiones, cifra como objetivos estratégicos la
digitalización y modernización de las administraciones públicas, la transición energética y
el refuerzo de las capacidades administrativas.
En el Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
denominado «Modernización de las Administraciones Públicas», se encuentra la medida
C11.I2 (Inversión), denominada «Proyectos tractores de digitalización de la
Administración General del Estado», la cual establece que en el Ministerio de Consumo,
a través de la Dirección General de Consumo, se abordarán medidas dirigidas a la
mejora de los servicios públicos del Ministerio disponibles en su sede electrónica y su
promoción y difusión para aumentar su uso por parte de los consumidores, incluyendo
medidas dirigidas hacia la digitalización y actualización de los sistemas de información
en materia de consumo y protección de los consumidores, así como en la automatización
de los procedimientos de resolución de reclamaciones de consumo.
Las Juntas Arbitrales de Consumo, cuya creación es materia atribuida a la
competencia exclusiva del Estado, en razón del artículo 149.1, 6.ª y 8.ª de la
Constitución, se constituyen mediante la firma de un convenio entre el Ministerio de
Consumo y las diferentes Administraciones Públicas. Estos convenios configuran una
actividad de colaboración entre las administraciones públicas intervinientes, teniendo
como finalidad procurar el acceso a la justicia de consumidores y usuarios, posibilitando
la resolución extrajudicial, mediante arbitraje, de los conflictos derivados de las
relaciones que establecen con los empresarios, en las contrataciones de bienes y
servicios, efectuadas de forma física o en soporte electrónico.
En la actualidad existen constituidas sesenta Juntas Arbitrales de Consumo, de
ámbito autonómico y local con necesidades y medios muy diferentes, estando prevista
una línea de subvenciones o ayudas para el fomento de su actividad. La finalidad de
estas ayudas es impulsar el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, en el que se
integran la totalidad de las Juntas Arbitrales constituidas, valorando la gestión y

cve: BOE-A-2022-14393
Verificable en https://www.boe.es

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