III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. Servicios portuarios. (BOE-A-2022-10426)
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio de recepción de desechos generados por buques y residuos de carga en los puertos de Palma, Alcudia, Maó, Eivissa y la Savina.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149
Jueves 23 de junio de 2022
Sec. III. Pág. 87243
SÍ
NO
(ii) celebración de un acuerdo con otros operadores con el fin de falsear la
competencia;
☐
☐
(iii)
☐
☐
(iv) intento de influir en el proceso de toma de decisiones de la Autoridad
Portuaria durante el procedimiento de otorgamiento;
☐
☐
(v) intento de obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas
indebidas en el procedimiento de otorgamiento;
☐
☐
violación de los derechos de propiedad intelectual;
(i)
fraude;
☐
☐
(ii)
corrupción;
☐
☐
(iii)
participación en una organización delictiva;
☐
☐
(iv)
blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
☐
☐
(v) delitos relacionados con el terrorismo o delitos ligados a las actividades
terroristas
☐
☐
(vi)
☐
☐
(e) el solicitante o sus gestores han sido sentenciados en firme por infracción
grave en materia profesional que pone en entredicho su integridad, de integración
laboral y de igualdad de oportunidades y de no discriminación de las personas con
discapacidad o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente.
☐
☐
(f) el solicitante o sus gestores han mostrado deficiencias significativas en el
cumplimiento de las obligaciones principales constatadas en la ejecución de un
contrato o prestación de un servicio para la Autoridad Portuaria, lo que ha dado
lugar a su resolución anticipada o a la aplicación de indemnizaciones u otras
sanciones contractuales, o descubiertas a raíz de controles, auditorías o
investigaciones de la Autoridad Portuaria, el Tribunal de Cuentas o cualquier otra
institución;
☐
☐
(g) una sentencia firme o decisión administrativa firme ha establecido que el
solicitante o sus gestores han creado una entidad bajo una jurisdicción diferente a
la española con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o de otro
carácter legal de obligada aplicación en la jurisdicción en la que está registrada su
sede, administración central o centro principal de actividad;
☐
☐
(h) (solo para personas jurídicas) una sentencia firme o decisión administrativa
firme ha establecido que la personalidad jurídica ha sido creada con la intención
prevista en el punto (f);
☐
☐
(i) para las situaciones referidas en los puntos (c) al (g) anteriormente descritos, el
solicitante o sus gestores están inmersos en:
☐
☐
☐
☐
abajo infantil y otras formas de trata de seres humanos
(j) hechos establecidos en el contexto de investigaciones o auditorías realizadas
por la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, o de una auditoría interna, o de cualquier
otro examen, auditoría o control efectuado bajo la responsabilidad de un ordenante
de una institución o de una agencia u órgano de la UE, del Estado español o del
país en el que esté establecido;
i. decisiones administrativas que no sean definitivas y que puedan incluir medidas
disciplinarias adoptadas por el organismo de supervisión competente responsable
de la verificación de la aplicación de los estándares de ética profesional;
cve: BOE-A-2022-10426
Verificable en https://www.boe.es
(d) una resolución judicial firme ha dictaminado que el solicitante o sus gestores
son culpables de uno de los siguientes delitos conforme a la legislación europea,
del Estado español o del país en el que está establecido:
Núm. 149
Jueves 23 de junio de 2022
Sec. III. Pág. 87243
SÍ
NO
(ii) celebración de un acuerdo con otros operadores con el fin de falsear la
competencia;
☐
☐
(iii)
☐
☐
(iv) intento de influir en el proceso de toma de decisiones de la Autoridad
Portuaria durante el procedimiento de otorgamiento;
☐
☐
(v) intento de obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas
indebidas en el procedimiento de otorgamiento;
☐
☐
violación de los derechos de propiedad intelectual;
(i)
fraude;
☐
☐
(ii)
corrupción;
☐
☐
(iii)
participación en una organización delictiva;
☐
☐
(iv)
blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
☐
☐
(v) delitos relacionados con el terrorismo o delitos ligados a las actividades
terroristas
☐
☐
(vi)
☐
☐
(e) el solicitante o sus gestores han sido sentenciados en firme por infracción
grave en materia profesional que pone en entredicho su integridad, de integración
laboral y de igualdad de oportunidades y de no discriminación de las personas con
discapacidad o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente.
☐
☐
(f) el solicitante o sus gestores han mostrado deficiencias significativas en el
cumplimiento de las obligaciones principales constatadas en la ejecución de un
contrato o prestación de un servicio para la Autoridad Portuaria, lo que ha dado
lugar a su resolución anticipada o a la aplicación de indemnizaciones u otras
sanciones contractuales, o descubiertas a raíz de controles, auditorías o
investigaciones de la Autoridad Portuaria, el Tribunal de Cuentas o cualquier otra
institución;
☐
☐
(g) una sentencia firme o decisión administrativa firme ha establecido que el
solicitante o sus gestores han creado una entidad bajo una jurisdicción diferente a
la española con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o de otro
carácter legal de obligada aplicación en la jurisdicción en la que está registrada su
sede, administración central o centro principal de actividad;
☐
☐
(h) (solo para personas jurídicas) una sentencia firme o decisión administrativa
firme ha establecido que la personalidad jurídica ha sido creada con la intención
prevista en el punto (f);
☐
☐
(i) para las situaciones referidas en los puntos (c) al (g) anteriormente descritos, el
solicitante o sus gestores están inmersos en:
☐
☐
☐
☐
abajo infantil y otras formas de trata de seres humanos
(j) hechos establecidos en el contexto de investigaciones o auditorías realizadas
por la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, o de una auditoría interna, o de cualquier
otro examen, auditoría o control efectuado bajo la responsabilidad de un ordenante
de una institución o de una agencia u órgano de la UE, del Estado español o del
país en el que esté establecido;
i. decisiones administrativas que no sean definitivas y que puedan incluir medidas
disciplinarias adoptadas por el organismo de supervisión competente responsable
de la verificación de la aplicación de los estándares de ética profesional;
cve: BOE-A-2022-10426
Verificable en https://www.boe.es
(d) una resolución judicial firme ha dictaminado que el solicitante o sus gestores
son culpables de uno de los siguientes delitos conforme a la legislación europea,
del Estado español o del país en el que está establecido:
