BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 146

Lunes 20 de junio de 2022

Sec. III. Pág. 85467

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/555/2022, de 14 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, que tengan por objeto la colaboración en la ejecución y
seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y
determinados programas de atención social.

El Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior, establece en su artículo 7.1.d) que corresponde a la
Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, entre otras, la gestión de la acción social a internos y liberados
condicionales y el seguimiento de penas y medidas alternativas que sean competencia de la
Administración Penitenciaria. Y conforme a su párrafo 3.a) corresponde a la Subdirección
General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, entre otras, la gestión,
coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la
suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional, la
libertad vigilada pospenitenciaria que es competencia de la Administración Penitenciaria, así
como de la acción social penitenciaria.
Cabe señalar que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con rango de
Subsecretaría deja de depender de la Secretaría de Estado de Seguridad, pasando a
depender directamente de la persona titular del Ministerio del Interior en virtud del Real
Decreto 139/2020, de 28 de enero, que establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
La normativa básica de las penas y medidas alternativas se recoge en el Código
Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, modificado por la
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por
el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio
de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas
medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas
de libertad y sustitución de penas.
El artículo 49 del Código Penal regula la pena de trabajos en beneficio de la
comunidad, que consiste en una pena privativa de derechos, la cual no podrá imponerse
sin el consentimiento del penado, obligándole a prestar su cooperación no retribuida en
determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos
de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños
causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado
en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación
vial, sexual y otros similares.
En el artículo 4.1 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, se indica que el trabajo en
beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local. A
tal fin, podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas
que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la
Administración Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Por la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se modifica el
contenido del artículo 83 del Código Penal, relativo a los deberes y prohibiciones que
pueden condicionar las suspensiones de condena. Se produce un importante cambio en
la libertad condicional, pasando a ser una forma de suspensión, pudiendo imponerse a
los penados la observancia de una o varias de las reglas de conducta previstas en el
artículo 83. Otra de las novedades es que la revocación de la suspensión de la ejecución
del resto de la pena y de la libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la

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