BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52

Miércoles 2 de marzo de 2022

Sec. I. Pág. 24298

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
3290

Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la
sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del
funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva
(UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE
para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por
carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en
los contratos públicos de obras.

La apuesta por reforzar la sostenibilidad de las empresas de transporte ha
constituido desde su creación uno de los ejes de actuación del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
No obstante, son diversos los factores que han urgido a plantear medidas específicas
de sostenibilidad del sector de transporte de mercancías por carretera en la presente
legislatura, muy especialmente, desde el comienzo de la pandemia motivada por el
SARS-CoV-2. La estructural atomización del sector, integrado por empresas de reducido
tamaño, el 53 por ciento de las empresas con vehículos pesados tienen un solo vehículo,
agrava las dificultades para adaptarse a los escenarios desfavorables, lo que exige una
mayor intervención de los poderes públicos para garantizar el adecuado funcionamiento
de una actividad que representa en torno al 2 por ciento del PIB.
En este sentido, fruto de la tramitación de un proyecto de ley por urgencia, en
octubre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 13/2021, de 1
de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de
vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de
mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito
del transporte y las infraestructuras, que incluye una infracción por el incumplimiento de
los plazos máximos de pago en el ámbito de los contratos de transporte de mercancías
por carretera, con objeto de penalizar aquellos incumplimientos de la morosidad que
ponen en verdadero riesgo la viabilidad de muchas de las empresas que prestan este
servicio.
Además, se está trabajando en la aprobación el denominado Plan Impulsa, que
contempla la sostenibilidad de dicho sector desde el punto de vista social, económico y
medioambiental.
La actual coyuntura exige, sin embargo, acelerar algunas de las medidas previstas
en el Plan Impulsa, para revertir la situación de penosidad que viven muchos
transportistas de mercancías y sus trabajadores, y que amenaza con crear tensiones en
la prestación de los servicios y en el adecuado funcionamiento de la cadena logística,
con los perjuicios que para toda la economía podrían derivarse.
Se calcula que en España faltan del orden de 15.000 conductores profesionales,
situación que se acentuará en la próxima década dada la edad media de los
profesionales en activo, siendo una problemática que afecta, asimismo, a los países de
nuestro entorno. Es un hecho, contrastado por encuestas realizadas, entre otros actores,
por la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), asociación mundial de los
profesionales de transporte por carretera, que uno de los motivos que no hacen atractiva
la profesión de conductor es el relacionado con las duras condiciones de trabajo
aparejadas, entre las que se encuentra la participación activa de dichos profesionales en

cve: BOE-A-2022-3290
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