BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 50

Lunes 28 de febrero de 2022

Sec. III. Pág. 23611

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Los comparecientes intervienen con la representación que ostentan y en el ejercicio
de las facultades que sus respectivos cargos les confieren, se reconoce mutua
capacidad para obligarse y convenir y en orden al mismo,
EXPONEN

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias en materia de seguridad y
protección civil, en los términos de los artículos 149 y 150 del Estatuto de Autonomía de
Canarias.
En dicho ámbito de competencias, el artículo 31 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de Policías Locales de Canarias, creó la Academia Canaria de Seguridad, que,
conforme al apartado 2 del referido precepto, tiene a su cargo la formación,
perfeccionamiento y especialización de los miembros de los Cuerpos de Policía de Canarias,
participando en los procesos de selección de los mismos. Además, desarrolla funciones de
investigación, estudio y divulgación en materias relacionadas con la seguridad pública.
Posteriormente, la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las
Policías Locales de Canarias, determinó en su artículo 27 que las actuaciones en materia de
protección civil y de atención de emergencias incluirán la formación adecuada del personal
adscrito a los servicios de emergencia, así como del voluntariado de protección civil.
La disposición final tercera del Decreto 2/2013, de 10 de enero, que modifica el
Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica
así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, extinguió la referida
Academia Canaria de Seguridad, cuyas competencias fueron asumidas desde ese
momento por la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la entonces
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
Actualmente, a través del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se
determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías y, posteriormente, del
Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, están asumidas por la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad las competencias en materia de
seguridad y emergencias, residenciándose en la Dirección General de Seguridad y
Emergencias, conforme previene el Reglamento Orgánico de la citada Consejería, aprobado
por Decreto 14/2021, de 18 de marzo (BOC número 62, de 25 de marzo de 2021), en su
artículo 120 y siguientes. Entre las funciones específicas en materia de formación en seguridad,
emergencias y protección civil que dicho reglamento orgánico atribuye a la persona titular del
Departamento, se encuentran las de promover la mejora profesional de los miembros de los
Cuerpos de Policía de Canarias, Cuerpos de Bomberos y del personal perteneciente a los
distintos servicios relacionados con la seguridad pública y la protección civil, y el
perfeccionamiento, especialización y promoción de sus miembros, así como promover la
colaboración institucional con las Universidades canarias, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas y otras entidades públicas o
privadas en el desarrollo de las actividades –artículo 52, apartados a) y c)–.
Segundo.
La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta en su territorio con once Puertos de interés
general, cuya gestión le corresponde a dos Autoridades Portuarias integradas en el Sistema
Portuario Estatal que disponen de servicio de policía portuaria. De la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife dependen los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Granadilla, Los
Cristianos, San Sebastián de La Gomera, La Estaca y Santa Cruz de La Palma.

cve: BOE-A-2022-3162
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Primero.