BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 23 de febrero de 2022

Sec. I. Pág. 21654

III
La pandemia de COVID-19, reconocida como tal en el mes de marzo de 2020, aún
sigue condicionando, inevitablemente, la evolución reciente de la economía y, por
extensión, las políticas de índole fiscal y presupuestaria. No en vano, en Castilla-La
Mancha, al igual que en el resto de España y de la Unión Europea, durante el pasado
año 2021 ha seguido siendo necesaria la adopción casi continua de medidas
excepcionales de confinamiento de la población, de restricción de la movilidad de la
ciudadanía, así como de numerosas actividades sociales y económicas con el correlativo
impacto negativo en la economía de la región y en la sociedad castellanomanchega.
Así las cosas, la elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022 ha continuado marcada por la crisis sanitaria. De
este modo, la política presupuestaria regional para el ejercicio 2022 se centrará en seguir
impulsando la recuperación, que se irá afianzando en tanto se avance con el proceso de
vacunación y la situación sanitaria vaya adquiriendo visos normalidad; pero, al mismo tiempo,
se quiere contribuir a fomentar un proceso de transformación y modernización de la
economía regional apoyando un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista
económico, social, territorial y medioambiental.
El pilar fundamental en el que se sustentará esta política presupuestaria son los
fondos «Next Generation EU», articulados en torno al Instrumento de Recuperación de la
Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, aprobado por
el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, que ofrece una
respuesta excepcional a circunstancias temporales, pero extremas, contemplando la
fijación de un importante volumen de recursos económicos que debe destinarse a hacer
frente a las consecuencias económicas adversas derivadas de la pandemia, así como a
las necesidades de financiación inmediatas para evitar un rebrote de la crisis. Así mismo,
de conformidad con el citado reglamento y dentro de los límites de los recursos
asignados en el mismo, se aprobó posteriormente el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuyo ámbito de actuación gira en torno a la
transición ecológica; la transformación digital; el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, la
competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, y un mercado interior que
funcione correctamente con pymes sólidas; la cohesión social y territorial; la salud y
resiliencia económica, social e institucional, con objeto, entre otros, de aumentar la
preparación y capacidad de reacción ante las crisis; y, las políticas para la próxima
generación, la infancia y la juventud, tales como la educación y el desarrollo de
capacidades.
Sobre la base de estos mecanismos comunitarios de financiación «Next Generation
EU» articulados en torno al Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, el
Gobierno de la Nación ha elaborado el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Dicho plan fue presentado el 30 de abril de 2021 y ha sido aprobado por el
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin) el 13 de julio de 2021,
momento a partir del cual se comienzan a recibir los fondos en la forma acordada por la
Comisión Europea. El mencionado plan incorpora una importante agenda de inversiones
y reformas estructurales que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro
objetivos transversales que giran en torno a la transición ecológica, la transformación
digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Estos cuatro objetivos, a su
vez, orientan una serie de políticas que van desde la lucha contra la despoblación y el
desarrollo de la agricultura, hasta la modernización del tejido industrial y de la pyme, o la
recuperación del turismo, entre otras.
Así mismo, para articular el despliegue de los recursos económicos asociados al
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha sido necesario diseñar un marco
legal específico dirigido a agilizar los instrumentos de inversión y que contemple una
gobernanza que permita articular bien las acciones entre el Estado y las comunidades
autónomas en sus respectivas competencias. La respuesta normativa en este sentido

cve: BOE-A-2022-2855
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 46