III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2022-2820)
Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil y de bienes muebles de La Rioja, por la que se rechaza el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45
Martes 22 de febrero de 2022
Sec. III. Pág. 21415
de las cuentas anuales impide tener a la firma electrónica como puesta y producir los
efectos previstos en los artículos 3, 24, 25, 26 y 32 del Reglamento (UE), N.º 910/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, y en los artículos 3, 4, 6, 9
y 16 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de
servicios electrónicos de confianza, que lo desarrolla. No siendo objeto de validación la
firma electrónica que resulta del certificado presentado telemáticamente, resulta
imposible establecer la correspondencia entre el firmante y la persona legitimada para
hacerlo, conforme al contenido del Registro.
Y todo ello sin perjuicio de que se lleve a cabo la subsanación bien generando una
nueva firma electrónica que sea debidamente validable o bien aportando el certificado en
formato papel y firmado de modo manuscrito por quien, según Registro, esté legitimado
para ello.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal,
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001,
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
cve: BOE-A-2022-2820
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 1 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.
https://www.boe.es
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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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de las cuentas anuales impide tener a la firma electrónica como puesta y producir los
efectos previstos en los artículos 3, 24, 25, 26 y 32 del Reglamento (UE), N.º 910/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, y en los artículos 3, 4, 6, 9
y 16 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de
servicios electrónicos de confianza, que lo desarrolla. No siendo objeto de validación la
firma electrónica que resulta del certificado presentado telemáticamente, resulta
imposible establecer la correspondencia entre el firmante y la persona legitimada para
hacerlo, conforme al contenido del Registro.
Y todo ello sin perjuicio de que se lleve a cabo la subsanación bien generando una
nueva firma electrónica que sea debidamente validable o bien aportando el certificado en
formato papel y firmado de modo manuscrito por quien, según Registro, esté legitimado
para ello.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal,
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001,
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
cve: BOE-A-2022-2820
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Pública, Sofía Puente Santiago.
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