BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 17 de febrero de 2022

Sec. I. Pág. 20028

Disposición final decimoquinta. Entidades colaboradoras de la Administración para
la emisión del visado de conformidad y calidad para la legalización territorial y ambiental
de explotaciones ganaderas.
Disposición final decimosexta. Desarrollo reglamentario de los requisitos
documentales de las declaraciones responsables en materia de costas.
Disposición final decimoséptima. Habilitación para la modificación o para la
prórroga de la vigencia temporal de determinados preceptos.
Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
La expansión a escala mundial del coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo
grave (SARS-CoV-2) y de la enfermedad ocasionada por el mismo (COVID-19), ha
conducido a la adopción de medidas drásticas para reducir la pérdida de vidas humanas,
llevando a la mayoría de las economías a una paralización de parcelas importantes de la
actividad y, por tanto, a una caída profunda y repentina del PIB. De este modo, la crisis
sanitaria global ha dado paso a una crisis económica global de graves consecuencias
sociales. Ante la magnitud del problema, las autoridades económicas han reaccionado
poniendo en marcha medidas en ámbitos muy diversos, al objeto de paliar los severos
efectos de salud pública, sociales y económicos de la crisis.
En España, el 14 de marzo de 2020 se dictó el Real Decreto 463/2020, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19. Este estado de alarma, con sus sucesivas prórrogas, duró más de tres
meses (incluyendo el inicial confinamiento y la progresiva desescalada posterior y
asimétrica de las medidas), durante los cuales la economía sufrió un duro revés del que
no logró remontarse con posterioridad, debido a la problemática evolución de la
pandemia en los meses posteriores, y en particular durante el mes de agosto de ese
año. Así, se aprobó poco más tarde el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2, que estuvo vigente hasta el 9 de mayo de 2021.
Posteriormente, bajo la coordinación del Consejo Interterritorial de Salud, las
Comunidades Autónomas han venido aprobando normativa para la contención de la
enfermedad y realizando un ingente esfuerzo para la vacunación de la población.
En el contexto de los últimos meses de 2020, el Gobierno de Canarias aprobó con
carácter urgente el Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de
impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, que fue
convalidado por el Pleno del Parlamento el 7 de octubre de 2020, acordándose asimismo
su tramitación como proyecto de ley, por el trámite de urgencia.
La presente ley es fruto de aquel proyecto dado que, aunque los indicadores
sanitarios y de salud pública han mejorado sustancialmente gracias a la vacunación, las
consecuencias sociales y económicas de la pandemia se siguen manifestando de forma
intensa.
Las restricciones son aún considerables, por lo que no solamente debe hacerse
frente al gravísimo impacto y secuelas de la paralización casi total de actividades de los
primeros meses de la pandemia, sino que, además, la actividad económica aún sigue
lastrada por las inexcusables medidas preventivas derivadas de la aún sensible
presencia del coronavirus y las consecuencias que, a nivel mundial, la pandemia ha
producido en los procesos de producción.
II
Por tanto, sigue siendo necesario establecer una serie de medidas urgentes de
simplificación y agilización administrativas con la finalidad de reactivar la actividad
económica en determinados sectores estratégicos que se han visto especialmente

cve: BOE-A-2022-2543
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Núm. 41