BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16

Miércoles 19 de enero de 2022

Sec. I. Pág. 5103

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
802

Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler
Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

La garantía constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada, como
responsabilidad compartida de todos los poderes públicos, se ha venido procurando
durante las últimas décadas mediante distintas políticas, entre las cuales, las
correspondientes al ámbito fiscal y de ayudas públicas para el disfrute de viviendas libres
o protegidas han tenido una amplia repercusión.
Las ayudas públicas fueron reguladas y financiadas por el Estado en los sucesivos
planes estatales de vivienda. A ellas se sumaron las ayudas reguladas y financiadas por cada
comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla en su propio ámbito competencial.
La crisis económico financiera iniciada en el año 2007 y su recuperación, así como la
crisis sanitaria y económica iniciada en 2020 a causa de la pandemia del COVID-19 han
condicionado y están condicionando significativamente la evolución de dichas ayudas en
los últimos años.
El todavía vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 reorientó las ayudas estatales
a la vivienda con objeto de hacer frente a la crisis económico financiera iniciada en el
año 2007 e intentando soslayar las dificultades de los ciudadanos para acceder al
disfrute de una vivienda digna y adecuada, especialmente de los sectores más
vulnerables, debido a la precariedad y debilidad del mercado de trabajo junto con la
restricción de la financiación por parte de las entidades de crédito, entonces imperantes.
La recuperación de esta crisis, notable durante los últimos años, fue truncada, en el
año 2020, por la irrupción de la crisis sanitaria y económica originada por la pandemia
del COVID-19.
En este contexto, la política de vivienda ha sido prioritaria y ha formado parte
destacada en las medidas de acción del Estado en los últimos años, con las mejoras
regulatorias introducidas a través del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que recuperó un mayor equilibrio
entre arrendatarios y arrendadores e introdujo importantes medidas para incrementar la
oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles así como de protección social en el
ámbito de la vivienda, y medidas de carácter coyuntural adoptadas en el contexto de la
pandemia, fundamentalmente a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19, así como en hasta siete reales decretos-ley
que han ampliado y reforzado un «escudo social» que ofrece protección a las personas y
hogares más expuestos a situaciones de vulnerabilidad social y económica, a través de
medidas equilibradas y efectivas, que ofrecen instrumentos para que la actuación pública
ofrezca la debida respuesta.
Además de estas medidas, que responden a una situación excepcional, se ha
seguido avanzando desde el Estado en la elaboración de medidas de carácter
estructural, a medio y largo plazo. En primer lugar, a través de medidas presupuestarias
y de financiación, con un esfuerzo sin precedentes a lo que ha contribuido la orientación
de los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de
programas específicos en materia de rehabilitación residencial y vivienda social
regulados a través del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de

cve: BOE-A-2022-802
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