BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312

Miércoles 29 de diciembre de 2021

Sec. III. Pág. 166436

Serán causas de resolución del convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia estipulado.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.
En este caso, la otra parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de
seguimiento prevista en la cláusula novena.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del mismo.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la normativa.
Undécima.

Régimen jurídico.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa.
Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del
presente convenio, a través de la comisión de seguimiento y coordinación.
El presente convenio se encuadra en el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 67 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo.
En lo no regulado expresamente en el presente convenio, será de aplicación lo
previsto con carácter general en el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que
se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021,
destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
normativa de desarrollo.
En caso de no ser posible una solución extrajudicial, las partes se someten
expresamente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la misma.
Modificación y vigencia.

Se podrá modificar el convenio previamente formalizado, siempre que exista acuerdo
de las partes firmantes. Esta modificación no podrá suponer en ningún caso la asunción
de compromisos financieros superiores a los inicialmente alcanzados en el convenio
inicial y deberá respetar el carácter finalista de los fondos librados por el Servicio Público
de Empleo Estatal para la ejecución de las inversiones previstas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. La modificación tampoco podrá en ningún
caso afectar a las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria o nacional
aplicable, en especial, cuando suponga incumplimiento de hitos u objetivos establecidos
en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del
plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision –CID–) o
su plazo de ejecución.
El convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el total
cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes La ejecución de las
actuaciones objeto de este convenio deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2022,

cve: BOE-A-2021-21762
Verificable en https://www.boe.es

Duodécima.