BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312

Miércoles 29 de diciembre de 2021

Sec. III. Pág. 166523

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
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Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre, por la que se regulan las bases
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en
municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a la
convocatoria de las mismas.

La política de transición justa en España se enmarca dentro del Pacto Verde de la
Unión Europea. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones de 11 de
diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo, impulsa una nueva estrategia de
crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de
los recursos y competitiva, donde hayan dejado de producirse emisiones netas de gases
de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico esté disociado del uso de
recursos y no haya personas ni lugares que se queden atrás.
En línea con el Pacto Verde Europeo, el Gobierno de España presentó el Marco
Estratégico de Energía y Clima, que busca facilitar la modernización de la economía
hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al cambio
climático. Este Marco Estratégico está integrado por tres pilares: la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, que busca que España cuente con un marco
normativo sólido y estable para la descarbonización de su economía; el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge una serie de medidas que buscan
conseguir la neutralidad de emisiones en 2050; y la Estrategia de Transición Justa, una
estrategia de acompañamiento que asegure que las personas y los territorios
aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición y que nadie se quede atrás.
En España se ha procedido al cierre de explotaciones mineras de carbón, de
centrales térmicas de carbón y centrales nucleares. Consecuencia de ello, se han
producido importantes daños económicos en puntos específicos del territorio español, los
cuales se han visto agravados al coincidir con la pandemia provocada por la COVID-19.
El cierre de dichas instalaciones ha tenido asimismo una clara incidencia sobre las
Administraciones Locales, no solo por la pérdida de actividad económica que lleva
aparejada una disminución muy importante de ingresos para los Ayuntamientos, sino
sobre todo porque, si no se acompaña de medidas, puede poner en marcha procesos de
despoblación. La pérdida de población puede no deberse solo al propio cierre de las
instalaciones energéticas y la pérdida de empleo asociada, sino también a que algunas
de las Administraciones Locales afectadas no tengan capacidad suficiente para prestar
algunos servicios, ni cuenten con infraestructuras básicas que permitan fijar la población
al territorio, evitando así que las personas que quedaron fuera del mercado de trabajo
abandonen la zona y se desplacen a otros lugares donde sí existen las infraestructuras y
los servicios públicos adecuados.
Adicionalmente, la pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis
económica, social y sanitaria de dimensiones nunca vistas. La magnitud del desafío ha
exigido una respuesta común a escala europea y, para dar respuesta a medio plazo, se
ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de Recuperación para contribuir al proceso de
reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021. El Fondo
de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un volumen de

cve: BOE-A-2021-21772
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