I. Disposiciones generales. JEFATURA DEL ESTADO. Ingreso mínimo vital. (BOE-A-2021-21007)
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 304
Martes 21 de diciembre de 2021
Sec. I. Pág. 156171
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21007
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo
vital.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley:
PREÁMBULO
España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la
renta entre hogares más desigual. Aunque la reciente recesión económica deterioró
especialmente los ingresos de los hogares con menos recursos, la alta desigualdad en
España precede a los años de recesión, y la recuperación experimentada desde 2013 no
la ha corregido sustancialmente. En 2018, el último año para el que Eurostat ofrece
datos comparados, el coeficiente de Gini en España es casi tres puntos superior a la
media de la Unión Europea, y los ingresos del veinte por ciento de los hogares de renta
más baja representan solo una sexta parte de los ingresos del veinte por ciento con
renta más alta, mientras en la Unión Europea esta proporción es solo de una quinta
parte.
Estos altos niveles de desigualdad en España se acentúan entre las rentas más
bajas de la distribución de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean
particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del país. De
acuerdo con la definición del INE y de Eurostat (personas que viven en hogares donde la
renta disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la
renta nacional), en España 9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de
hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una
importante dimensión generacional, también persistente en el tiempo. Según los últimos
datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, más
del 26 por ciento de los niños de menos de 16 años viven en hogares con ingresos
inferiores al umbral de la pobreza, una situación que se agrava aún más en los hogares
monoparentales, particularmente vulnerables además a la volatilidad de ingresos.
Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples, un
factor común es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado
en España en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno. Dicha
debilidad deriva en parte del menor desarrollo y financiación de partidas con claro
impacto redistributivo (en especial la ausencia de una política estatal de garantía última
de ingresos, como existe en la mayor parte de los países europeos), y en parte también
por el diseño concreto que han tomado las políticas públicas.
Ante esta realidad, han sido las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía
las que han ido configurando diferentes modelos de políticas de rentas mínimas. Estos
sistemas han desempeñado un papel muy relevante para la atención de las personas en
situación de vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis económica como en las
etapas de crecimiento. Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con
variaciones muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura
cve: BOE-A-2021-21007
Verificable en https://www.boe.es
I
Núm. 304
Martes 21 de diciembre de 2021
Sec. I. Pág. 156171
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21007
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo
vital.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley:
PREÁMBULO
España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la
renta entre hogares más desigual. Aunque la reciente recesión económica deterioró
especialmente los ingresos de los hogares con menos recursos, la alta desigualdad en
España precede a los años de recesión, y la recuperación experimentada desde 2013 no
la ha corregido sustancialmente. En 2018, el último año para el que Eurostat ofrece
datos comparados, el coeficiente de Gini en España es casi tres puntos superior a la
media de la Unión Europea, y los ingresos del veinte por ciento de los hogares de renta
más baja representan solo una sexta parte de los ingresos del veinte por ciento con
renta más alta, mientras en la Unión Europea esta proporción es solo de una quinta
parte.
Estos altos niveles de desigualdad en España se acentúan entre las rentas más
bajas de la distribución de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean
particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del país. De
acuerdo con la definición del INE y de Eurostat (personas que viven en hogares donde la
renta disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la
renta nacional), en España 9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de
hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una
importante dimensión generacional, también persistente en el tiempo. Según los últimos
datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, más
del 26 por ciento de los niños de menos de 16 años viven en hogares con ingresos
inferiores al umbral de la pobreza, una situación que se agrava aún más en los hogares
monoparentales, particularmente vulnerables además a la volatilidad de ingresos.
Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples, un
factor común es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado
en España en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno. Dicha
debilidad deriva en parte del menor desarrollo y financiación de partidas con claro
impacto redistributivo (en especial la ausencia de una política estatal de garantía última
de ingresos, como existe en la mayor parte de los países europeos), y en parte también
por el diseño concreto que han tomado las políticas públicas.
Ante esta realidad, han sido las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía
las que han ido configurando diferentes modelos de políticas de rentas mínimas. Estos
sistemas han desempeñado un papel muy relevante para la atención de las personas en
situación de vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis económica como en las
etapas de crecimiento. Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con
variaciones muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura
cve: BOE-A-2021-21007
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