BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296

Sábado 11 de diciembre de 2021

Sec. I. Pág. 152142

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la
organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación.

La eficiencia del gasto público es un aspecto esencial de la política fiscal, y un
elemento indispensable para fortalecer el crecimiento económico en la medida que
permite relacionar el nivel del gasto realizado con los resultados obtenidos y evaluar si
los recursos públicos se gestionan de la mejor manera posible para prestar unos
servicios públicos de calidad y proporcionados a su coste.
El análisis económico del gasto público exige valorar no sólo cuánto se gasta y si es
eficaz porque logra el objetivo marcado, sino que también exige un análisis de la
eficiencia del gasto en un doble sentido. Por un lado, la eficiencia en la asignación de los
recursos económicos, analizando en qué se gasta, y por otro, la eficiencia operativa,
evaluando cómo se gasta, así como su sostenibilidad en el medio y largo plazo.
La inversión pública es una parte muy destacable del gasto público en términos de
crecimiento económico, pues tiene la capacidad estratégica de impulsar la actividad en
sectores relevantes para la competitividad de la economía y con un elevado efecto
arrastre sobre la producción nacional y el empleo.
Consciente de la importancia de la medición de la eficiencia y sostenibilidad del gasto
público, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, recoge en su artículo 4 el principio de sostenibilidad financiera,
entendida como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros
dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.
Es en esta línea de fortalecimiento y mejora de la sostenibilidad financiera y
búsqueda de nuevas vías de financiación eficiente en la gestión pública donde los
proyectos de colaboración público-privada ocupan un lugar clave. En este sentido,
España tiene una amplia experiencia desarrollada a través del régimen de concesiones,
siendo un mercado maduro en el sector, no obstante, es necesario aprender de la
experiencia y seguir adoptando medidas para lograr un marco regulatorio más eficiente
que sea más favorable a la actividad económica y garantice mayor seguridad jurídica.
Con este objetivo, se han ido adoptando distintas medidas para evitar la generación
de sobrecostes y problemas de valoración del reparto de los riesgos de las inversiones,
como la creación de la Oficina Nacional de Evaluación por la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, mediante la introducción de la
disposición adicional trigésima sexta en el entonces vigente texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, configura, en su
artículo 333, la Oficina Nacional de Evaluación como órgano colegiado integrado en la
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, posibilitando la
participación en aquella del sector privado y de las Administraciones autonómicas y
locales.
Por otra parte, el contexto actual de crisis provocada por la COVID-19, además de la
dramática situación sanitaria, ha tenido un severo impacto económico y social en el
conjunto de países de la Unión Europea, motivando la necesidad de adoptar medidas
contundentes como han sido la aprobación del marco financiero plurianual
para 2021-2027 y la puesta en marcha de un instrumento europeo para la recuperación
(Next Generation EU), que implicará para España unos 140.000 millones de euros en

cve: BOE-A-2021-20475
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