III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2021-14785)
Resolución de 15 de junio de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2018.
181 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 217

Viernes 10 de septiembre de 2021

Sec. III. Pág. 110009

En línea con lo anterior, se creó una plataforma denominada ARGO, en la que las distintas
unidades gestoras de gasto fueron volcando los datos relativos a los programas. Posteriormente,
se dejó de trabajar en ARGO y se implantó la denominada plataforma EGOB (evaluación para la
gobernanza) cuya finalidad fue servir de herramienta para la alineación de los presupuestos
(programas presupuestarios) con los ODS. De este modo, y de forma progresiva, se han ido
correlacionando los ODS con los programas presupuestarios y con las dotaciones
presupuestarias.
No obstante, es preciso señalar que los avances señalados no han venido acompañados del
desarrollo normativo de un sistema de seguimiento de los programas presupuestarios con
indicación de qué información debe reportarse anualmente por los gestores (Consejerías) a la
Oficina de Control Presupuestario, el procedimiento normalizado para su envío, la elaboración
periódica de unos estados previsionales y unos avances de resultados de los programas en el
transcurso del ejercicio presupuestario, la confección de unos balances de resultados con la
evaluación del grado de consecución de los objetivos una vez cerrado el presupuesto, la
realización de los oportunos controles intermedios y posteriores, así como la información y plazo
en que deben reportarse al Consejo de Gobierno y/o al Parlamento Autonómico los resultados de
la evaluación y control de los programas presupuestarios para su conocimiento y toma de
decisiones.
Por otro lado, en cuanto a la definición y correlación de los ODS, se ha constatado que el número
de indicadores diseñados sigue siendo muy elevado y que muchos de ellos son indicadores de
actividad pero no de eficacia, cuya utilidad para la toma de decisiones es muy escasa, siendo
preciso, a tal efecto, que se lleve a cabo un proceso de depuración de los indicadores por parte de
los propios órganos gestores. Posteriormente, esta depuración debe ir acompañada de una
evaluación posterior, en la que se pongan de manifiesto las desviaciones existentes y sus causas,
de modo que todo ello sirva para establecer mecanismos de corrección que permitan alcanzar de
forma eficiente los objetivos.
F) Rendición de cuentas y participación del Parlamento de La Rioja en el seguimiento de
los ODS
La rendición de cuentas mediante informes de progreso de las acciones y de la situación
representa la puesta a disposición pública de los avances realizados en la materia. En este
sentido, dado que en el ejercicio fiscalizado la CAR todavía no había aprobado una estrategia
para la implantación de los ODS, no se han emitido informes de evaluación o progreso propios en
la CAR, más allá de haber facilitado la información anualmente solicitada por el Gobierno de
España a efectos de la elaboración de los informes anuales nacionales de progreso en la
implementación de la Agenda 2030. Finalmente, tampoco se ha establecido un mecanismo de
información al Parlamento regional de las acciones llevadas a cabo.
II.6.2. Gastos de personal

cve: BOE-A-2021-14785
Verificable en https://www.boe.es

Los gastos de personal del sector público de la CAR han representado en 2018 el 36 % del gasto
consolidado de la CA, calculado una vez eliminadas las transferencias internas por las
aportaciones efectuadas por la AG a las empresas y fundaciones autonómicas.