BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 217

Viernes 10 de septiembre de 2021

Sec. III. Pág. 109276

cargado en la aplicación VIVEX, así como los problemas con el acceso a los certificados de deuda
y en general a la información del organismo autónomo de recaudación (OAR) de Cáceres,
solicitándose a su representante la realización de los cambios procedentes en la aplicación
informática con el fin de ponerla en relación con VIVEX.

EL OAR de Badajoz adoptó en 2018 diversas actuaciones dirigidas al control y recaudación
de los recibos pendientes de los conceptos de Alquiler de viviendas, Préstamos hipotecarios,
Acceso diferido, Venta de viviendas y Alquiler de locales. Se procedió a relacionar la facturación
con la información registrada en la base de datos del Catastro, con el fin de depurar las Viviendas
de promoción pública de la Junta de Extremadura. Como resultado de este análisis se detectaron
numerosos errores en datos fiscales de los adjudicatarios/propietarios, en DNI, en denominación de
sujetos pasivos o direcciones postales, los cuales se comunicaron a la Consejería competente en
materia de Vivienda y a la Sociedad GISVESA, para que procedieran a actualizar sus bases de
datos. Pese a que estos errores previsiblemente también se producen en la gestión encomendada
al OAR de Cáceres, no se ha acreditado la realización de una depuración similar en este Organismo.

En septiembre de 2018 el OAR de Badajoz elevó a la Junta de Extremadura un Informe proponiendo
la data masiva de recibos de Viviendas de Promoción Pública, planteando reconocer recibos pendientes de
pago del periodo 1981 a 2005 por un importe conjunto de 3.513 miles de euros (94.952 recibos) y elevar
anualmente nuevas propuestas en relación con los ejercicios más antiguos.
Por Resolución de 19 de marzo de 2018 de la DG de Tributos se publican los criterios que informan
el Plan de Control Tributario de la CAEX para 2018. Como en ejercicios precedentes, el Informe
sobre tributos cedidos de la Inspección General del Ministerio de Hacienda incide, en que estos
criterios no concretan “las actuaciones a realizar por las oficinas liquidadoras y no cuantifica los
objetivos a alcanzar, desglosados en indicadores, de forma que puedan constituir un cuadro de
mando”, proponiendo la definición de indicadores periódicos mensurables. El número de
expedientes inspectores y sancionadores incoados a lo largo del ejercicio 2018 (400) ha disminuido
en relación con los del ejercicio anterior (476), debido entre otras causas a la disminución del
personal adscrito al Servicio de Inspección Fiscal. Como resultado de estas actuaciones, se
liquidaron derechos por un importe conjunto de 5.130 miles de euros (un 32 % menos que en 2017),
correspondiendo el 66 % de este importe a derechos liquidados por tributos cedidos.
C)

PROCEDIMIENTOS Y CONTROL DE GASTOS

En virtud de la Resolución conjunta de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de
la Información y la Agenda Digital y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos
se publica una nueva versión del formato de factura electrónica «facturae» en el que se introducen las
nuevas especificaciones de referencia en la factura. El SES ya implementó esta funcionalidad en el ejercicio
2016, al cierre de 2018 aún no había sido implantada en la AG.
El artículo 9 de la LFE prevé la remisión inmediata de la factura por los registros administrativos que
la reciban para su anotación en el RCF. En el siguiente cuadro se resumen los tiempos de demora
(en días) de la anotación en RCF de las facturas recibidas desde su entrada en registro
administrativo en el ejercicio 2018, distinguiendo el número de facturas afectadas y su importe.

cve: BOE-A-2021-14782
Verificable en https://www.boe.es

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el sector público (LFE) creó dicho registro para las AAPP definidas como
tales por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En el ámbito de la CAEX la
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (CHAP) de 14 de julio de 2014
establece los aspectos particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del
registro contable de facturas (RCF) y la tramitación de facturas de proveedores de bienes y
servicios. Asimismo, según lo previsto por el artículo 6.1 de la LFE, el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 11 de noviembre de 2014 permitió la adhesión de la Administración de la CAEX y de
sus entidades y organismos dependientes al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
de la Administración General del Estado (AGE).