III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2021-14783)
Resolución de 15 de junio de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2018.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 10 de septiembre de 2021
Sec. III. Pág. 109526
distribución”, registrados en ejercicios anteriores por importe de 211 miles de euros (frente a 71
miles en 2017), que no habían sido conciliados.
En las fiscalizaciones precedentes se pusieron de manifiesto deficiencias del sistema
MOURO como contabilidad auxiliar que continuaban en el ejercicio 2018, dado que, si bien este
sistema disponía de información para cada uno de los ingresos liquidados por los diferentes
órganos de gestión, el proceso de traslación de la misma al SIC, establecido por la citada
Instrucción, se hacía de tal manera que no quedaba disponible ni el desglose entre la recaudación
realizada en período voluntario y la relativa a la vía ejecutiva, ni el importe de los derechos
anulados en cada ejercicio por aplazamientos o fraccionamientos, por lo que estos se trasladan a
la Cuenta General como “anulaciones”.
En fiscalizaciones precedentes se ponía de manifiesto que los recargos del período
ejecutivo y los intereses de demora, que forman parte de la deuda tributaria según el artículo 58
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se registraban en el sistema
MOURO, por lo que tampoco tenían reflejo en contabilidad. Durante la fiscalización se ha
acreditado la subsanación de esta deficiencia, tras la culminación del desarrollo informático
iniciado en 2016.
Respecto de la obligación que asumen los órganos de recaudación tributaria de establecer
procedimientos encaminados a la vigilancia de la posible solvencia sobrevenida de los obligados
al pago declarados fallidos, según dispone el artículo 63 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se destaca que la ACAT, en relación con
los ingresos tributarios de su competencia, no tenía formalizados ni procedimientos ni actuaciones
particulares, salvo el embargo automatizado de las devoluciones tributarias a realizar por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Tampoco se tiene constancia de que otros
órganos de recaudación de la CA dispusieran de dichos procedimientos respecto de los ingresos
(tributarios o no) de su competencia.
Hay que señalar que la Instrucción conjunta de la Intervención General, la DG de Tesorería y
Presupuestos y la DG de la ACAT, de 10 de febrero de 2014, establece un procedimiento que
permite la compensación de oficio de deudas en período ejecutivo con obligaciones o
devoluciones de ingresos reconocidos a favor del deudor, con ciertas excepciones. El SIC verifica
de forma automatizada la posible existencia de posiciones deudoras en período ejecutivo
(incluidas insolvencias) de los beneficiarios de obligaciones reconocidas, paralizándose en tal
caso el pago e iniciando el procedimiento de extinción de deudas por compensación de oficio por
el órgano competente. Durante 2018 se dictaron 849 resoluciones de compensación de oficio por
un importe total de 1.596 miles de euros.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por RD 939/2005, de 29 de julio, y la base tercera.1.b) del convenio suscrito con fecha 15 de
septiembre de 2006, entre la ACAT y la AEAT, para la recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de derecho público de la CA, la providencia de apremio debe ser dictada por el órgano
competente de la CA. Sin embargo, este no venía notificando la providencia de apremio, pese a
ser este hecho el que inicia el procedimiento de apremio, en virtud de lo dispuesto en el artículo
167.1 de la Ley General Tributaria. El convenio fue modificado en septiembre de 2017, aunque a
lo largo de dicho ejercicio no llegó a actuarse conforme a la modificación introducida. Según la CA,
no ha sido hasta octubre de 2018 cuando se ha comenzado a remitir a la AEAT las providencias
de apremio en los términos establecidos en el convenio modificado.
II.3.4. Política de seguridad en la utilización de medios electrónicos
El artículo 156 de la LRJSP, indica que el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) tiene por objeto
establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de esta
norma, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen
cve: BOE-A-2021-14783
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 217
Viernes 10 de septiembre de 2021
Sec. III. Pág. 109526
distribución”, registrados en ejercicios anteriores por importe de 211 miles de euros (frente a 71
miles en 2017), que no habían sido conciliados.
En las fiscalizaciones precedentes se pusieron de manifiesto deficiencias del sistema
MOURO como contabilidad auxiliar que continuaban en el ejercicio 2018, dado que, si bien este
sistema disponía de información para cada uno de los ingresos liquidados por los diferentes
órganos de gestión, el proceso de traslación de la misma al SIC, establecido por la citada
Instrucción, se hacía de tal manera que no quedaba disponible ni el desglose entre la recaudación
realizada en período voluntario y la relativa a la vía ejecutiva, ni el importe de los derechos
anulados en cada ejercicio por aplazamientos o fraccionamientos, por lo que estos se trasladan a
la Cuenta General como “anulaciones”.
En fiscalizaciones precedentes se ponía de manifiesto que los recargos del período
ejecutivo y los intereses de demora, que forman parte de la deuda tributaria según el artículo 58
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se registraban en el sistema
MOURO, por lo que tampoco tenían reflejo en contabilidad. Durante la fiscalización se ha
acreditado la subsanación de esta deficiencia, tras la culminación del desarrollo informático
iniciado en 2016.
Respecto de la obligación que asumen los órganos de recaudación tributaria de establecer
procedimientos encaminados a la vigilancia de la posible solvencia sobrevenida de los obligados
al pago declarados fallidos, según dispone el artículo 63 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se destaca que la ACAT, en relación con
los ingresos tributarios de su competencia, no tenía formalizados ni procedimientos ni actuaciones
particulares, salvo el embargo automatizado de las devoluciones tributarias a realizar por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Tampoco se tiene constancia de que otros
órganos de recaudación de la CA dispusieran de dichos procedimientos respecto de los ingresos
(tributarios o no) de su competencia.
Hay que señalar que la Instrucción conjunta de la Intervención General, la DG de Tesorería y
Presupuestos y la DG de la ACAT, de 10 de febrero de 2014, establece un procedimiento que
permite la compensación de oficio de deudas en período ejecutivo con obligaciones o
devoluciones de ingresos reconocidos a favor del deudor, con ciertas excepciones. El SIC verifica
de forma automatizada la posible existencia de posiciones deudoras en período ejecutivo
(incluidas insolvencias) de los beneficiarios de obligaciones reconocidas, paralizándose en tal
caso el pago e iniciando el procedimiento de extinción de deudas por compensación de oficio por
el órgano competente. Durante 2018 se dictaron 849 resoluciones de compensación de oficio por
un importe total de 1.596 miles de euros.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por RD 939/2005, de 29 de julio, y la base tercera.1.b) del convenio suscrito con fecha 15 de
septiembre de 2006, entre la ACAT y la AEAT, para la recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de derecho público de la CA, la providencia de apremio debe ser dictada por el órgano
competente de la CA. Sin embargo, este no venía notificando la providencia de apremio, pese a
ser este hecho el que inicia el procedimiento de apremio, en virtud de lo dispuesto en el artículo
167.1 de la Ley General Tributaria. El convenio fue modificado en septiembre de 2017, aunque a
lo largo de dicho ejercicio no llegó a actuarse conforme a la modificación introducida. Según la CA,
no ha sido hasta octubre de 2018 cuando se ha comenzado a remitir a la AEAT las providencias
de apremio en los términos establecidos en el convenio modificado.
II.3.4. Política de seguridad en la utilización de medios electrónicos
El artículo 156 de la LRJSP, indica que el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) tiene por objeto
establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de esta
norma, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen
cve: BOE-A-2021-14783
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Núm. 217
