BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 9 de septiembre de 2021

Sec. III. Pág. 108681

obligaciones de la Ciudad en materia de PMP. No obstante, desde la Intervención se ha realizado
un informe de auditoría del año 2018 sobre el Registro contable de facturas (RCF), según lo
previsto en el art. 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, para verificar que el registro
cumplía con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo.
De las pruebas realizadas no se han puesto de manifiesto anomalías mencionables, excepto por
la falta de disposición de herramientas en la Administración de la Ciudad para calcular los tiempos
medios de inscripción de facturas en el RCF.
La Ciudad no ha llevado a pleno el informe anual de evaluación del cumplimiento de la normativa
en materia de morosidad previsto en el art. 12.2 de la Ley 25/2013.
Respecto al resto de entidades del sector público de la Ciudad, según se ha informado, en 2018
ninguna de las sociedades municipales estaban adheridas a FACE, si bien, a la finalización de la
fiscalización, cuatro sociedades ya se habían adherido y otra (ACEMSA) contaba con un RCF
propio.
En cuanto a la fiabilidad de los registros y datos publicados por las sociedades, según se ha
informado en la fiscalización, y a excepción de ACEMSA, los cálculos efectuados para determinar
los PMP a los proveedores se han realizado a través de hojas de cálculo pero no de forma
automatizada por programación, con el consiguiente riesgo de incurrir en errores y de presentar
diferencias de interpretación de los criterios de cálculo aplicados. Asimismo, en el ejercicio
fiscalizado no se han efectuado pruebas internas de control para verificar el adecuado
funcionamiento de los sistemas de recepción de las facturas, así como de su anotación y
tramitación en el RCF. Desde la AGCE tampoco se ha realizado ningún análisis del número y
causas de facturas rechazadas o de la existencia de elevados periodos temporales de facturas
que se encontraran pendientes de conformar.
Finalmente, en la fiscalización se han verificado, partiendo del RCF de la AGCE, que a 31 de
diciembre de 2018 había un total de 394 facturas por 5.987 miles de euros que figuraban como
pendientes de tramitar habiendo transcurrido más de un mes desde su anotación en el RCF de
Ceuta. De ese importe, según las comprobaciones realizadas, la situación a 1 marzo 2020 era la
siguiente:
- El 87,5 % de las facturas (368) se habían pagado, por un total de 5.260 miles de euros.
- Seis facturas por 171 miles de euros fueron devueltas al proveedor.
- Siete facturas por 5 miles de euros fueron contabilizadas, pero seguían pendientes de pago.
- Una factura por 76 miles de euros correspondiente a la ejecución de unas obras continuaba
pendiente de fiscalización previa al no haberse aportado por el acreedor el certificado de
residuos.
- En nueve facturas por 278 miles de euros las unidades tramitadoras (Consejería de Fomento y
Educación) seguían sin disponer de documentación que soportase la aprobación del gasto o
había controversia en cuanto a su cuantía.
- Una factura y otra certificación de obra que totalizaban 149 miles de euros, figuraban bajo la
denominación de “registrado” con determinada información pendiente de recibir en el órgano
gestor.
- Finalmente, dos facturas por mil euros y una certificación de liquidación de obras de
rehabilitación de viviendas por 197 miles de euros seguían en fase de propuesta de pago.

cve: BOE-A-2021-14740
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 216