BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 9 de septiembre de 2021

Sec. III. Pág. 108663

Según la norma de registro y valoración 4ª del PGC, a las inversiones inmobiliarias se les aplicará
el mismo criterio que al inmovilizado material y en lo relativo al deterioro, la norma 2ª en el punto
2.2 indica que “se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendiendo este como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso”.
El saldo de las inversiones inmobiliarias de EMVICESA a 31 de diciembre de 2018 ascendía a
6.680 miles de euros. Estos activos han generado en 2018 unos flujos de efectivo como
consecuencia de su arrendamiento de 106 miles de euros, un 4 % menos que en 2017. En la
fiscalización no se ha acreditado la existencia de un plan de negocio de la empresa en el que
figuren las previsiones de alquiler para los próximos años, ni de estudios que determinen el valor
en uso de estos activos. La memoria tampoco ha informado sobre el valor razonable de los
mismos. No obstante, atendiendo a la evolución de los cobros y al elevado grado de morosidad, y
de acuerdo con lo señalado en el propio informe de gestión de EMVICESA, donde expresamente
se indica que “se ha procedido a través de un servicio jurídico externalizado por la sociedad a
reclamar a los inquilinos, tanto los impagos de rentas como los impagos de cuotas a la Comunidad
de Propietarios”, las inversiones inmobiliarias estarían sujetas a correcciones valorativas, sin que
con la información disponible haya sido posible cuantificar el deterioro de valor de las mismas.
En la rúbrica de existencias, la sociedad mantenía dos promociones terminadas y nueve solares,
valoradas contablemente en 1.049 y 2.429 miles de euros, respectivamente. Asimismo, la
sociedad mantenía contabilizados como existencias un total de siete locales con un valor contable
de 733 miles de euros que, según se ha informado, estaban cedidos de forma gratuita a diferentes
asociaciones privadas, si bien no se ha tenido constancia documental de los acuerdos en los que
se aprobaron tales cesiones sin contraprestación alguna. Respecto de uno de ellos, destinado a
guardería, en la fiscalización se ha informado que “tras haber sido recuperado el local, y tras los
pertinentes pasos del procedimiento administrativo, se ha publicado su enajenación, no
habiéndose recibido oferta alguna al respecto”.
Al igual que se ha indicado anteriormente en lo relativo al deterioro, en este caso de las
existencias, y en línea con lo señalado por el ICAC, dado el largo ciclo de producción de las
existencias inmobiliarias, las estimaciones en el cálculo del valor de realización deben incluir de
forma necesaria la variabilidad o riesgo de que el precio de venta, los costes y los plazos de
construcción y venta, sean distintos a los importes y tiempos esperados. Es decir, la
determinación del valor de realización no puede efectuarse sin considerar en dicho cálculo la
incertidumbre inherente a la actividad empresarial. Para ello, la sociedad deberá hacer
estimaciones, y estas estimaciones deben estar supeditadas a la aplicación del principio de
prudencia, al realizarse las mismas en situaciones de incertidumbre, de modo que ante varios
escenarios se tome el más conservador. En cualquier caso, según se ha señalado, en la
fiscalización no se ha dispuesto de datos que permitan evidenciar y cuantificar el deterioro de las
existencias.
Finalmente, como hechos relevantes, debe ponerse de manifiesto el elevado grado de morosidad
en el cobro de los recibos de las ventas a plazos de viviendas. Según los datos facilitados, del
total de recibos por cuotas devengadas en el año, 356 miles de euros, se han cobrado únicamente
109 miles de euros, lo que representa un porcentaje de cobro del 31 %. Este elevado grado de
morosidad determina que al cierre del ejercicio existan deudores de dudoso cobro por 2.922 miles
de euros, frente a los 2.728 miles de euros existentes al cierre del ejercicio 2017. La Ciudad ha
informado que con posterioridad al cierre del ejercicio fiscalizado, se ha iniciado una línea de
colaboración con el OASTC al objeto de iniciar reclamaciones mediante actos de conciliación con
el objetivo de reducir la morosidad actual de la sociedad, desconociéndose los motivos por los que
la sociedad no ha iniciado hasta la fecha las acciones oportunas encaminadas al cobro de estos
derechos de cobro sobre los que se habían constituido hipotecas voluntarias a su favor.

cve: BOE-A-2021-14740
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Núm. 216