III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2021-12901)
Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Jávea n.º 2 a inscribir una escritura de compraventa.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 30 de julio de 2021
Sec. III. Pág. 92568
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del
Derecho de sociedades; 3, 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria; 3, 6, 7, 166, párrafo
primero, 186, párrafo tercero, 271.2.º, 323, 324, 396, párrafo segundo, 399, 480, 489,
498, 647, párrafo segundo, 649, párrafo primero, 650, párrafo primero, 785.2.º, 975,
1259, 1297, 1298, 1320, 1322, 1377, 1389 y 1713 del Código Civil; 43.2 y 226.2.3.ª de la
Ley Concursal; 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado; 25.5 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos; 11.1 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos; 91 y 420 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias de la
Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1984, 24 de noviembre de 1989
y 2008 17 de abril de 2018, y de la Salta Tercera, de 24 de octubre de 2000; y las
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de mayo
y 4 de noviembre de 1968, 1 de julio de 1976, 2 de octubre de 1981, 31 de marzo
de 1986, 22 febrero y 12 de mayo 1989, 7 de julio y 17 de noviembre de 1998, 20 de
abril de 2005, 22 de mayo de 2006, 26 de febrero de 2008, 11 y 26 de junio, 8, 10, 27, 28
y 29 de julio, 17 de septiembre, 23 de octubre y 14 de diciembre de 2015, 22 y 29 de
noviembre de 2017 y 31 de mayo de 2018, y las Resoluciones de la Dirección General
de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 y 18 de junio de 2020 y 13 de abril de 2021.
1. Mediante la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso una
sociedad de responsabilidad limitada, representada por una apoderada, vendió
determinado inmueble al ahora recurrente. En dicha escritura, la apoderada de la
sociedad vendedora manifiesta que la finca transmitida tiene la consideración de activo
esencial de la sociedad y especialmente que lo transmitido supera el 25% del valor de
los activos que figuran en el último balance aprobado, incorporándose a la escritura la
declaración de la apoderada al respecto.
El registrador suspende la inscripción porque considera que la venta debe ser
autorizada por la junta general de la sociedad vendedora, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital y las Resoluciones
que cita de este Centro Directivo.
El recurrente alega que es tercer adquirente de buena fe y el acuerdo de la junta
general de la sociedad vendedora es una cuestión interna de ésta.
2. Para resolver el presente recurso debe partirse de la reiterada doctrina sentada
por esta Dirección General a la que se refiere el recurrente (vid. las Resoluciones de 11
y 26 de junio, 8, 10, 27, 28 y 29 de julio, 23 de octubre y 14 de diciembre de 2015, 22
y 29 de noviembre de 2017, 31 de mayo de 2018, 12 y 18 de junio de 2020 y 13 de abril
de 2021) sobre la aplicación del precepto legal invocado por el registrador en su
calificación impugnada.
La norma del artículo 160.f), que atribuye a la junta general competencia para
deliberar y acordar sobre «la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad
de activos esenciales», fue incorporada a la Ley de Sociedades de Capital mediante la
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica aquélla para la mejora del
gobierno corporativo. En el apartado IV del Preámbulo de esa ley se expresa que
mediante la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en lo
que ahora interesa «se amplían las competencias de la junta general en las sociedades
para reservar a su aprobación aquellas operaciones societarias que por su relevancia
tienen efectos similares a las modificaciones estructurales». Y, en la misma reforma, se
añade el artículo 511 bis, según el cual en las sociedades cotizadas constituyen materias
reservadas a la competencia de la junta general, además de las reconocidas en el
artículo 160, entre otras, «a) la transferencia a entidades dependientes de actividades
esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, aunque esta
mantenga el pleno dominio de aquellas» y «b) las operaciones cuyo efecto sea
equivalente al de la liquidación de la sociedad».
La finalidad de la disposición del artículo 160.f), como se desprende de la ubicación
sistemática de la misma (en el mismo artículo 160, entre los supuestos de modificación
estatutaria y los de modificaciones estructurales), lleva a incluir en el supuesto normativo
los casos de «filialización» y ejercicio indirecto del objeto social, las operaciones que
cve: BOE-A-2021-12901
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Núm. 181
Viernes 30 de julio de 2021
Sec. III. Pág. 92568
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del
Derecho de sociedades; 3, 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria; 3, 6, 7, 166, párrafo
primero, 186, párrafo tercero, 271.2.º, 323, 324, 396, párrafo segundo, 399, 480, 489,
498, 647, párrafo segundo, 649, párrafo primero, 650, párrafo primero, 785.2.º, 975,
1259, 1297, 1298, 1320, 1322, 1377, 1389 y 1713 del Código Civil; 43.2 y 226.2.3.ª de la
Ley Concursal; 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado; 25.5 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos; 11.1 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos; 91 y 420 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias de la
Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1984, 24 de noviembre de 1989
y 2008 17 de abril de 2018, y de la Salta Tercera, de 24 de octubre de 2000; y las
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de mayo
y 4 de noviembre de 1968, 1 de julio de 1976, 2 de octubre de 1981, 31 de marzo
de 1986, 22 febrero y 12 de mayo 1989, 7 de julio y 17 de noviembre de 1998, 20 de
abril de 2005, 22 de mayo de 2006, 26 de febrero de 2008, 11 y 26 de junio, 8, 10, 27, 28
y 29 de julio, 17 de septiembre, 23 de octubre y 14 de diciembre de 2015, 22 y 29 de
noviembre de 2017 y 31 de mayo de 2018, y las Resoluciones de la Dirección General
de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 y 18 de junio de 2020 y 13 de abril de 2021.
1. Mediante la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso una
sociedad de responsabilidad limitada, representada por una apoderada, vendió
determinado inmueble al ahora recurrente. En dicha escritura, la apoderada de la
sociedad vendedora manifiesta que la finca transmitida tiene la consideración de activo
esencial de la sociedad y especialmente que lo transmitido supera el 25% del valor de
los activos que figuran en el último balance aprobado, incorporándose a la escritura la
declaración de la apoderada al respecto.
El registrador suspende la inscripción porque considera que la venta debe ser
autorizada por la junta general de la sociedad vendedora, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital y las Resoluciones
que cita de este Centro Directivo.
El recurrente alega que es tercer adquirente de buena fe y el acuerdo de la junta
general de la sociedad vendedora es una cuestión interna de ésta.
2. Para resolver el presente recurso debe partirse de la reiterada doctrina sentada
por esta Dirección General a la que se refiere el recurrente (vid. las Resoluciones de 11
y 26 de junio, 8, 10, 27, 28 y 29 de julio, 23 de octubre y 14 de diciembre de 2015, 22
y 29 de noviembre de 2017, 31 de mayo de 2018, 12 y 18 de junio de 2020 y 13 de abril
de 2021) sobre la aplicación del precepto legal invocado por el registrador en su
calificación impugnada.
La norma del artículo 160.f), que atribuye a la junta general competencia para
deliberar y acordar sobre «la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad
de activos esenciales», fue incorporada a la Ley de Sociedades de Capital mediante la
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica aquélla para la mejora del
gobierno corporativo. En el apartado IV del Preámbulo de esa ley se expresa que
mediante la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en lo
que ahora interesa «se amplían las competencias de la junta general en las sociedades
para reservar a su aprobación aquellas operaciones societarias que por su relevancia
tienen efectos similares a las modificaciones estructurales». Y, en la misma reforma, se
añade el artículo 511 bis, según el cual en las sociedades cotizadas constituyen materias
reservadas a la competencia de la junta general, además de las reconocidas en el
artículo 160, entre otras, «a) la transferencia a entidades dependientes de actividades
esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, aunque esta
mantenga el pleno dominio de aquellas» y «b) las operaciones cuyo efecto sea
equivalente al de la liquidación de la sociedad».
La finalidad de la disposición del artículo 160.f), como se desprende de la ubicación
sistemática de la misma (en el mismo artículo 160, entre los supuestos de modificación
estatutaria y los de modificaciones estructurales), lleva a incluir en el supuesto normativo
los casos de «filialización» y ejercicio indirecto del objeto social, las operaciones que
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