BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 4 de junio de 2021

Sec. III. Pág. 68439

e) El juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar motivado y
fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o
remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.
4. Como ya se indicó por la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
su Resolución de fecha 15 de marzo de 2016 y ha reiterado en otras muchas
posteriores, la obligación legal a cargo de los registradores de la Propiedad de tratar de
impedir la práctica de inscripciones que puedan invadir el dominio público tiene su origen
y fundamento, con carácter general, en la legislación protectora del dominio público,
pues, como señala la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, tanto en su artículo 6 como en su artículo 30, los bienes y
derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e
inembargables, lo cual no es sino manifestación del principio y mandato supremo
contenido en el artículo 132 de nuestra Constitución.
Por esa razón, el artículo 61 de la misma ley, ordena que «el personal al servicio de
las Administraciones públicas está obligado a colaborar en la protección, defensa y
administración de los bienes y derechos de los patrimonios públicos».
En el caso particular de los registradores de la Propiedad, como funcionarios
públicos que son, tal deber de colaboración se articula desde diversos puntos de vista.
En primer lugar, el artículo 36 de dicha ley ordena que «las Administraciones públicas
deben inscribir en los correspondientes Registros los bienes y derechos de su
patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción,
así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos
registros».
Y para implicar a los registradores en la promoción de dicha inscripción registral, se
establece a su cargo, además del mandato general de colaboración y suministro de
información de los artículos 61 y 64, una previsión específica en el artículo 39 conforme
a la cual «los registradores de la propiedad, cuando tuvieren conocimiento de la
existencia de bienes o derechos pertenecientes a las Administraciones públicas que no
estuvieran inscritos debidamente, lo comunicarán a los órganos a los que corresponda
su administración, para que por éstos se inste lo que proceda». En este sentido es
necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por parte de las
Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de inmatricular o
inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad (vid. artículos 36
y 83 y disposición transitoria quinta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas), dado que de esta forma éstos gozarán de la máxima
protección posible, pues la calificación registral tratará por todos los medios a su alcance
de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni siquiera parciales, que
pudieran invadir el dominio público ya inscrito.
5. Pero la protección registral que la Ley otorga al dominio público no se limita
exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio
público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente (pues el deslinde tiene un valor
declarativo y no constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero de 2014, fundamento
jurídico 7), pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que
pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción. Por tal motivo, con carácter
previo a la práctica de la inscripción, y conforme a lo previsto en distintas leyes
especiales, como la de costas, montes o carreteras, el registrador ha de recabar informe
o certificación administrativa que acrediten que la inscripción pretendida (en concreto en
el caso de colindancia con el «demanio» de la finca que se pretende inmatricular) no
invade el dominio público.
En otros casos, como ocurre con la legislación de suelo, también existen previsiones
expresas de que el registrador, antes de acceder a la inscripción de edificaciones, habrá
de comprobar que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres
de uso público general.
6. Y avanzando decididamente en la senda de la protección registral del dominio
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma

cve: BOE-A-2021-9324
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