BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 124

Martes 25 de mayo de 2021

Sec. III. Pág. 63617

Segundo.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, en
su Título Preliminar, los principios de colaboración entre las Administraciones Públicas.
Además, las citadas Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses
generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la
Constitución, a la Ley y al Derecho de acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público Estatal, y celebran convenios, entre
otros, con entidades de carácter jurídico-privado para un fin común.
Tercero.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial reforma la medicina forense
al configurar los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses como pilares de su
organización.
En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza
incoadas por el Ministerio Fiscal, estarán a las órdenes de los jueces, magistrados,
fiscales y encargados del registro civil, ejerciendo sus funciones con plena
independencia y bajo criterios estrictamente científicos.
El Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses establece, en su artículo 1, que se
constituyen como órganos técnicos cuya misión es auxiliar a los juzgados, tribunales,
fiscalías y oficinas del registro civil mediante la práctica de pruebas periciales médicas,
tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, así como realizar actividades de
docencia e investigación relacionadas con la medicina forense, y en su artículo 8
atribuye a los servicios de Patología Forense la identificación de cadáveres y restos
humanos.
El artículo 13 del citado Real Decreto establece que podrán colaborar con otras
instituciones a través de los convenios y otros instrumentos de cooperación que se
acuerden por el Ministerio de Justicia o, en su caso, por las comunidades autónomas
que hayan recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración
de Justicia.
Cuarto.
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en adelante INTCF) es un
órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya función es auxiliar a la
Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la
pericia analítica, así como al desarrollo de las ciencias forenses, según el artículo 480 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Su organización y supervisión
corresponden a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia que depende de
la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia que, a
su vez depende de la Secretaría de Estado de Justicia, y su reglamento ha sido
aprobado por Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo (BOE de 5 de junio), modificado por
Real Decreto 63/2015, de 6 de febrero.

Cruz Roja Española es una institución humanitaria de carácter voluntario y de interés
público, que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado Español ejercida a
través del Consejo de Protección.
Se rige por los convenios internacionales sobre la materia en los que sea parte
España, por el Real Decreto 415/96, de 1 de marzo, modificado por el Real
Decreto 2219/1996, de 11 de octubre, por sus Estatutos (Orden MTAS de 4 de
septiembre de 1997 y modificaciones posteriores) y por su Reglamento General
Orgánico y demás normas internas.

cve: BOE-A-2021-8722
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.