BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 22 de mayo de 2021

Sec. III. Pág. 62401

través de los valores de innovación, colaboración, transparencia y cercanía, ayude a
desarrollar las competencias necesarias para tomar decisiones financieras informadas
que permitan a los profesionales del derecho, y a la sociedad en general, alcanzar una
mejor calidad de vida.
Los programas de la Fundación ayudan a mutualistas y otros beneficiarios a mejorar
su capacidad de ahorro, desarrollarse como abogados y emprendedores, a tener una
mayor sensibilidad hacia los retos sociales y medioambientales y, por último, a estar
mejor preparados para afrontar la transición hacia la jubilación en las mejores
condiciones de salud y dignidad.
II. Que la transformación digital del Servicio Público de Justicia en España es una
prioridad para el Ministerio de Justicia. Por ello, la misma se constituye como uno de
los ejes vertebradores de la estrategia Justicia 2030, siendo inherente a la mayoría de
programas y proyectos que la integran. Una estrategia, además, inserta en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, el Ministerio de Justicia
está comprometido con la modernización del Servicio público de la Administración de
Justicia.
Por ello, junto al impulso de las modificaciones de leyes procesales para normalizar
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para un mejor servicio al
ciudadano, actúa dentro de su propio ámbito de competencias para dotar a las oficinas
judiciales de los medios técnicos adecuados.
No obstante, en el proceso de transformación digital, debemos asegurarnos que no
dejamos al margen las realidades analógicas. Por tanto, las implantaciones de los
nuevos servicios relacionados con el ámbito digital deben contribuir a reducir la brecha
territorial (la llamada «España vaciada»), y también abordar las brechas digitales y
generacionales, estrechamente vinculadas.
De esta manera, y vinculado a la evolución de los Juzgados de Paz en Oficinas de
Justicia en el municipio, constituidas como punto de conexión de la ciudadanía con la
administración pública, conviene conocer que necesidades tienen los territorios y su
ciudadanía, singularmente quienes se encuentran en una edad avanzada.
Una vez conozcamos las necesidades, abordaremos en mejores condiciones los
servicios que pueden ofrecerse desde las mismas. En ese sentido se pretende, por una
parte, dotar a las instalaciones de tecnología adecuada para prestar diferentes servicios
relacionados con el Servicio Público de Justicia, así como como con el servicio público
en general. Por otra, resulta necesario adaptar el marco profesional de quienes prestan
sus servicios en ella, para procurar la calidad del servicio. Así se formará a dicho
personal en competencias digitales, así como en la atención a mayores y otros sectores
vulnerables. Estas oficinas pueden contribuir a reducir notablemente las brechas
mencionadas (territorial, digital y generacional).
III. Que Fundación Mutualidad Abogacía desarrolla una iniciativa denominada
«Escuela de Pensamiento» cuya finalidad es aportar valor a toda la sociedad en la
promoción de la cultura y la economía del envejecimiento. La anteriormente mencionada
«España vaciada» cuenta con una edad media superior a 50 años que, además,
presenta importantes carencias en el ámbito digital.
Por lo tanto, Fundación Mutualidad Abogacía entiende que el proyecto del Ministerio
de Justicia para la transformación de los Juzgados de Paz confluye con la misión de la
Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía.
IV. De conformidad con lo expuesto, mediante el presente Convenio se pretende
establecer un marco general de colaboración que se pueda traducir en proyectos
específicos en materia de investigación, consultoría tecnológica y cooperación para
asesoramiento mutuo, cuyos resultados permitan contribuir a la transformación digital de
la justicia en España y a paliar la brecha digital existente en zonas del territorio en
regresión demográfica o riesgo de despoblación, especialmente entre el colectivo de
adultos mayores, así como para definir y desarrollar el papel de las Oficinas de Justicia
en los municipios, y todo ello a fin de potenciar y facilitar la interacción del conjunto de
los ciudadanos con el servicio público de justicia.

cve: BOE-A-2021-8525
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Núm. 122