BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119

Miércoles 19 de mayo de 2021

Sec. TC. Pág. 60089

municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y, la
segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, al que correspondió
el conocimiento del proceso, dictó auto el 21 de junio de 2018 por el que acordó el
despacho de ejecución (procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 368-2018),
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en
el plazo de diez días.
b) El 22 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre remitió un correo al buzón de la dirección electrónica
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole de una notificación del
Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Lorca relativa al proceso «EJH/0000368/2018»,
notificación a la que podía acceder entre los días 22 de junio a 7 de agosto de 2018.
c) El 31 de julio de 2018 por personal de la recurrente se accedió al enlace remitido
por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el juzgado
de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm.
368-2018. También en esa fecha, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un
certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso, dejando constancia de
que la notificación había sido «aceptada».
d) El 29 de agosto de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
e) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca dictó auto el 15
de noviembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1. Inadmitir a trámite la oposición formulada por la parte ejecutada Euroinversiones
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por el procurador don Antonio Serrano Caro
por estar presentada fuera de plazo, contra Banco de Sabadell, S.A.
2. Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en
su fundamento de Derecho único lo que sigue:

f) Por el representante procesal de la demandante de amparo se interpuso recurso
de reposición contra el anterior auto. En el recurso defendió que la notificación y
requerimiento de pago tuvo lugar cuando accedió al contenido de la notificación
electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces que cabía computar el plazo de
diez días del art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Con invocación también de
los arts. 135, 152.1.2.3, 155.2, 162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional
sobre el derecho a no padecer indefensión y la importancia de los actos de comunicación
procesal, afirmó que de no tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al
despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin
indefensión, quedando denunciado a esos efectos.

cve: BOE-A-2021-8351
Verificable en https://www.boe.es

«Único. Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se
perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.
Establece el artículo 695 LEC, que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho
de ejecución en los términos previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a
contar desde el siguiente a la notificación del auto y del decreto. Constando en el
presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto una vez transcurrido el plazo
que legalmente se le otorga, debe ser inadmitida su oposición por extemporánea, de
conformidad con lo establecido en los preceptos citados».
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días
ante este tribunal.»