T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2021-8357)
Pleno. Sentencia 91/2021, de 22 de abril de 2021. Recurso de amparo 1403-2020. Promovido por don Jordi Turull i Negre respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por sendos delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Supuesta vulneración de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y de defensa, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: resolución judicial dictada en causa especial en cuya tramitación se preservaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Voto particular.
224 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 19 de mayo de 2021
Sec. TC. Pág. 60167
favorables al ‘SÍ’, cifra esta que representaba el 37 por 100 del censo electoral y poco
más de una cuarta parte (el 27 por 100) de la población total de Cataluña en esas
fechas.
El mismo día 1 de octubre, en ausencia de un genuino censo electoral en el que se
relacionara la identidad de los potenciales votantes, se recurrió al llamado ‘censo
universal’. En realidad, se trataba de un eufemismo presentado en rueda de prensa por
los acusados Sres. Turull y Romeva, mediante el que cualquier ciudadano podría votar
en un centro de votación a su elección, con independencia de su lugar de residencia y de
las circunstancias que, de ordinario, determinan la inscripción censal.
La inexistencia de un censo con garantías autenticidad y la labor de los agentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cumplimiento de resoluciones
judiciales que días antes habían ordenado la incautación de todo el material electoral,
hicieron imposible la designación controlada de los presidentes de mesa electoral. La
consecuencia fue que las mesas se constituyeron con aquellos ciudadanos que en hora
más temprana acudieron al centro de votación.
El Presidente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa había rechazado
con anterioridad, por carta fechada el día 2 de junio de 2017, dirigida al presidente de la
Generalitat, la invitación cursada con el fin de que esa institución cooperara en la
celebración del referéndum del 1 de octubre. Según se explicaba en esa misiva, la
pretendida cooperación de las autoridades catalanas con la Comisión debía hacerse con
el acuerdo de las autoridades españolas. Recordaba también que la Comisión de
Venecia ha puesto especial énfasis en la necesidad de que cualquier referéndum se
haga con el pleno cumplimiento de la Constitución y la legislación aplicable.
Tres días después de la celebración del referéndum del 1 de octubre, la Junta
Electoral Central adoptó el acuerdo núm. 90-2017 (exp. 109-165): ‘la Junta Electoral
Central, órgano que encabeza la administración electoral, competente para declarar y
publicar los resultados de todos los referendos celebrados en España y competente,
también, en las elecciones al Parlamento de Cataluña en razón de lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda de su Estatuto de Autonomía, a la vista de las consultas
que se le han planteado, reunida en el día de la fecha en sesión ordinaria, ha acordado
hacer público cuanto sigue:
1.º) El pasado día 1 de octubre de 2017 no ha tenido lugar en Cataluña ningún
proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades
previstas por el ordenamiento jurídico: i) ni por el sujeto que lo convocó, incompetente; ii)
ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; iii) ni por su objeto,
inconstitucional; iv) ni por la notoria ausencia de toda garantía de objetividad y
transparencia en su desarrollo, escrutinio y control.
2.º) Que, por tanto, carecen de todo valor los que se vienen presentando como
resultados del llamado referéndum de autodeterminación.
5. El día 10 de octubre de 2017, el presidente de la Generalitat compareció ante el
pleno del Parlament. La sesión, iniciada con retraso por el desacuerdo entre algunas de
las fuerzas políticas acerca del texto que iba a ser objeto de lectura, sirvió al presidente
para dar cuenta del resultado de la votación y manifestar que acataba el mandato del
pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república.
Inmediatamente después afirmó ‘con la misma solemnidad el gobierno y yo mismo
proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia
de manera que en las próximas semanas emprendamos un diálogo, sin el que no es
posible llegar a una solución. Creemos firmemente que el momento requiere, no solo la
desescalada de las tensiones sino, sobre todo, la voluntad clara de avanzar en las
peticiones y en el mandato del pueblo de Cataluña […] en la etapa de diálogo que
estamos dispuestos a abrir’.
Después de dicho discurso, los diputados de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y
la CUP-CC firmaron lo que calificaron como una declaración de independencia. En ella
cve: BOE-A-2021-8357
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 119
Miércoles 19 de mayo de 2021
Sec. TC. Pág. 60167
favorables al ‘SÍ’, cifra esta que representaba el 37 por 100 del censo electoral y poco
más de una cuarta parte (el 27 por 100) de la población total de Cataluña en esas
fechas.
El mismo día 1 de octubre, en ausencia de un genuino censo electoral en el que se
relacionara la identidad de los potenciales votantes, se recurrió al llamado ‘censo
universal’. En realidad, se trataba de un eufemismo presentado en rueda de prensa por
los acusados Sres. Turull y Romeva, mediante el que cualquier ciudadano podría votar
en un centro de votación a su elección, con independencia de su lugar de residencia y de
las circunstancias que, de ordinario, determinan la inscripción censal.
La inexistencia de un censo con garantías autenticidad y la labor de los agentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cumplimiento de resoluciones
judiciales que días antes habían ordenado la incautación de todo el material electoral,
hicieron imposible la designación controlada de los presidentes de mesa electoral. La
consecuencia fue que las mesas se constituyeron con aquellos ciudadanos que en hora
más temprana acudieron al centro de votación.
El Presidente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa había rechazado
con anterioridad, por carta fechada el día 2 de junio de 2017, dirigida al presidente de la
Generalitat, la invitación cursada con el fin de que esa institución cooperara en la
celebración del referéndum del 1 de octubre. Según se explicaba en esa misiva, la
pretendida cooperación de las autoridades catalanas con la Comisión debía hacerse con
el acuerdo de las autoridades españolas. Recordaba también que la Comisión de
Venecia ha puesto especial énfasis en la necesidad de que cualquier referéndum se
haga con el pleno cumplimiento de la Constitución y la legislación aplicable.
Tres días después de la celebración del referéndum del 1 de octubre, la Junta
Electoral Central adoptó el acuerdo núm. 90-2017 (exp. 109-165): ‘la Junta Electoral
Central, órgano que encabeza la administración electoral, competente para declarar y
publicar los resultados de todos los referendos celebrados en España y competente,
también, en las elecciones al Parlamento de Cataluña en razón de lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda de su Estatuto de Autonomía, a la vista de las consultas
que se le han planteado, reunida en el día de la fecha en sesión ordinaria, ha acordado
hacer público cuanto sigue:
1.º) El pasado día 1 de octubre de 2017 no ha tenido lugar en Cataluña ningún
proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades
previstas por el ordenamiento jurídico: i) ni por el sujeto que lo convocó, incompetente; ii)
ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; iii) ni por su objeto,
inconstitucional; iv) ni por la notoria ausencia de toda garantía de objetividad y
transparencia en su desarrollo, escrutinio y control.
2.º) Que, por tanto, carecen de todo valor los que se vienen presentando como
resultados del llamado referéndum de autodeterminación.
5. El día 10 de octubre de 2017, el presidente de la Generalitat compareció ante el
pleno del Parlament. La sesión, iniciada con retraso por el desacuerdo entre algunas de
las fuerzas políticas acerca del texto que iba a ser objeto de lectura, sirvió al presidente
para dar cuenta del resultado de la votación y manifestar que acataba el mandato del
pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república.
Inmediatamente después afirmó ‘con la misma solemnidad el gobierno y yo mismo
proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia
de manera que en las próximas semanas emprendamos un diálogo, sin el que no es
posible llegar a una solución. Creemos firmemente que el momento requiere, no solo la
desescalada de las tensiones sino, sobre todo, la voluntad clara de avanzar en las
peticiones y en el mandato del pueblo de Cataluña […] en la etapa de diálogo que
estamos dispuestos a abrir’.
Después de dicho discurso, los diputados de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y
la CUP-CC firmaron lo que calificaron como una declaración de independencia. En ella
cve: BOE-A-2021-8357
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 119
