BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 17 de mayo de 2021

Sec. I. Pág. 58451

Posteriormente, el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo, estipuló la prórroga de los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) regulados por el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, la ampliación de las medidas de protección de las personas
trabajadoras, tanto en la cuantía y condiciones de las prestaciones por desempleo como
a través de la creación de medidas dirigidas a nuevos colectivos, el reconocimiento de
sectores que requerían de una especial protección para la salvaguarda del empleo y el
tejido productivo, así como la regulación de dos nuevas situaciones de fuerza mayor que
pudieran dar lugar a un ERTE de fuerza mayor (ERTE basado en el impedimento o
ERTE basado en las limitaciones de actividad) vinculadas a exenciones a la Seguridad
Social y especial protección de las personas trabajadoras.
Todo ello con la intención de responder a una situación pandémica de complejidad
creciente tras el periodo estival, dotando a las empresas y personas trabajadoras de los
instrumentos necesarios para hacer frente, a través de medidas de flexibilidad interna, a
las modulaciones de la actividad derivadas de las medidas de restricción sanitaria de
adopción imperativa por las autoridades competentes.
Pocas semanas después, ante un contexto cada vez más preocupante en los
principales indicadores epidemiológicos y asistenciales, el Gobierno de España aprobó el
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con el objetivo de
dotar de seguridad jurídica aquellas limitaciones de movilidad y de contactos a través de
las cuales las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas continuaron
haciendo frente a la pandemia.
En los meses subsiguientes, la situación de pandemia generada por la propagación
del virus SARS-CoV-2 permaneció con tal incidencia en la salud y la economía que
obligó al conjunto de los poderes públicos, no solo a mantener las medidas ya
adoptadas, sino también a adoptar nuevas medidas más restrictivas.
Por todo ello, mediante Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, se prorrogaron las medidas
contenidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, que inicialmente
vencían el 31 de enero de 2021, si bien con una importante simplificación en términos de
gestión para las empresas beneficiadas, y su extensión temporal hasta el 31 de mayo
de 2021.
Durante los últimos meses, coincidentes con las llamadas segunda y tercera olas
epidémicas, en nuestra Comunidad Autónoma se han computado, de media, en situación
de ERTE 4.982 personas en noviembre, 8.545 en diciembre, 8.119 en enero y 9.021 en
febrero.
Tal y como sucedió con la declaración del primer estado de alarma en marzo
de 2020, el Gobierno de Cantabria y las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas en Cantabria consideran que debe abordarse un nuevo marco de
medidas con las que contrarrestar los efectos de la crisis desatada por la pandemia de
COVID-19; de este modo, el 31 de marzo de 2021 han suscrito el II Acuerdo del Diálogo
Social en Cantabria COVID-19, que contempla un conjunto de medidas en defensa del
empleo organizadas en tres bloques: medidas de apoyo a la contratación; medidas
dirigidas a la conciliación; y medidas para el sostenimiento del empleo y la actividad
económica.
Dentro de este último bloque el acuerdo alcanzado contempla el establecimiento de
ayudas dirigidas a apoyar la viabilidad de las empresas y las personas trabajadoras
autónomas para reforzar su continuidad y posibilitar el mantenimiento de los puestos de
trabajo de sus trabajadores y trabajadoras; las ayudas consistirán en el otorgamiento de
una subvención, a tanto alzado, de 300 euros por persona trabajadora por cuenta ajena
afectada por expediente de regulación temporal de empleo perteneciente a un centro de
trabajo ubicado en Cantabria, ya sea por suspensión de contrato o por reducción de
jornada de trabajo, durante un mínimo de 30 días en el periodo contemplado entre el 1

cve: BOE-A-2021-8107
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Núm. 117