III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. Convenios. (BOE-A-2021-7465)
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el Convenio con la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos, para la identificación de cargas administrativas y su reducción.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 5 de mayo de 2021
Sec. III. Pág. 54081
superar las dificultades que pueden encontrar los ciudadanos y empresas para
relacionarse con ellas.
A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los estados,
entre otras medidas, prestar una atención particular a la mejora de la tramitación
mediante la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones
empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas, así
como crear o mantener dentro de los servicios de sus administraciones un organismo
consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y
medianas, y de la Administración, con vistas a fomentar la simplificación de los
procedimientos administrativos y de la legislación. En concreto se ha de destacar la
aplicación sistemática del principio think small first (pensar primero en lo pequeño) como
parte del enfoque integrado promovido en el seno de la UE, y que impulsa la verificación
sistemática de las posibles consecuencias de las propuestas legislativas sobre las
pymes y microempresas. En este sentido, cabe citar las Conclusiones sobre la mejora de
la legislación para garantizar la competitividad y un crecimiento sostenible e integrador,
adoptadas por el Consejo de Competitividad de la UE en su sesión del 27 de febrero
de 2020.
II. El proceso de simplificación de procedimientos va dirigido a identificar y realizar
propuestas de mejora del diseño de los procedimientos vigentes en el ámbito de una
determinada Administración Pública para que estos, además de adecuarse a las
necesidades existentes en cada momento, operen con la máxima economía, y alcancen
el mayor grado posible de eficacia y eficiencia.
Dado que pymes y microempresas desempeñan un papel fundamental para el
crecimiento económico sostenible, el empleo y la cohesión social en nuestra sociedad,
es necesario dotarlas de unas condiciones fiables y estables.
En lo que se refiere a los trabajadores autónomos, los distintos estudios realizados
desde ATA muestran que este colectivo sigue identificando como un obstáculo a su
actividad las trabas administrativas a las que tienen que hacer frente. Dichos obstáculos
afectan principalmente a lo largo del desarrollo de su actividad, más si cabe que en el
inicio o constitución de la misma, ya que el tiempo y el coste que suponen para un
autónomo determinados trámites con la Administración son una barrera al desempeño
de su gestión, dada la dimensión de su negocio y el coste añadido que deben asumir,
pues la mayoría de ellos se ven obligados a recurrir a gestores externos.
III. Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que los
Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a seguir para enmarcar
sus agendas y políticas públicas hasta 2030, promueven la creación de instituciones
eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
de la sociedad. Se promueve que tanto el sector privado como la ciudadanía adopten un
rol activo en la adopción de los ODS y su cumplimento, y por tanto, colaboren con las
administraciones en los cambios que estas promueven.
IV. La situación de pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto
la necesidad de que las administraciones actúen con la suficiente agilidad como para
hacer frente a las demandas de la ciudadanía, que ofrezcan una respuesta inmediata a
sus requerimientos. En ese sentido, se pretende contribuir a la adopción de medidas que
traten de abordar, con la urgencia requerida, la agilización y simplificación efectiva de los
procedimientos administrativos en una situación de extremada complejidad en los
ámbitos sanitario, económico y social como la que está sufriendo nuestro país.
Esta situación sobrevenida ha impulsado a acelerar el proceso de digitalización en
España, que se configura como un elemento fundamental para lograr la recuperación de
la economía. Esta transición ha de garantizar la accesibilidad del conjunto de la sociedad
e impulsar la digitalización de la empresa, especialmente para pymes, emprendedores y
autónomos. La digitalización contribuirá a que se intensifiquen los procesos de
simplificación y reducción de cargas administrativas ligados a la mejora de la
reglamentación.
cve: BOE-A-2021-7465
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 107
Miércoles 5 de mayo de 2021
Sec. III. Pág. 54081
superar las dificultades que pueden encontrar los ciudadanos y empresas para
relacionarse con ellas.
A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los estados,
entre otras medidas, prestar una atención particular a la mejora de la tramitación
mediante la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones
empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas, así
como crear o mantener dentro de los servicios de sus administraciones un organismo
consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y
medianas, y de la Administración, con vistas a fomentar la simplificación de los
procedimientos administrativos y de la legislación. En concreto se ha de destacar la
aplicación sistemática del principio think small first (pensar primero en lo pequeño) como
parte del enfoque integrado promovido en el seno de la UE, y que impulsa la verificación
sistemática de las posibles consecuencias de las propuestas legislativas sobre las
pymes y microempresas. En este sentido, cabe citar las Conclusiones sobre la mejora de
la legislación para garantizar la competitividad y un crecimiento sostenible e integrador,
adoptadas por el Consejo de Competitividad de la UE en su sesión del 27 de febrero
de 2020.
II. El proceso de simplificación de procedimientos va dirigido a identificar y realizar
propuestas de mejora del diseño de los procedimientos vigentes en el ámbito de una
determinada Administración Pública para que estos, además de adecuarse a las
necesidades existentes en cada momento, operen con la máxima economía, y alcancen
el mayor grado posible de eficacia y eficiencia.
Dado que pymes y microempresas desempeñan un papel fundamental para el
crecimiento económico sostenible, el empleo y la cohesión social en nuestra sociedad,
es necesario dotarlas de unas condiciones fiables y estables.
En lo que se refiere a los trabajadores autónomos, los distintos estudios realizados
desde ATA muestran que este colectivo sigue identificando como un obstáculo a su
actividad las trabas administrativas a las que tienen que hacer frente. Dichos obstáculos
afectan principalmente a lo largo del desarrollo de su actividad, más si cabe que en el
inicio o constitución de la misma, ya que el tiempo y el coste que suponen para un
autónomo determinados trámites con la Administración son una barrera al desempeño
de su gestión, dada la dimensión de su negocio y el coste añadido que deben asumir,
pues la mayoría de ellos se ven obligados a recurrir a gestores externos.
III. Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que los
Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a seguir para enmarcar
sus agendas y políticas públicas hasta 2030, promueven la creación de instituciones
eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
de la sociedad. Se promueve que tanto el sector privado como la ciudadanía adopten un
rol activo en la adopción de los ODS y su cumplimento, y por tanto, colaboren con las
administraciones en los cambios que estas promueven.
IV. La situación de pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto
la necesidad de que las administraciones actúen con la suficiente agilidad como para
hacer frente a las demandas de la ciudadanía, que ofrezcan una respuesta inmediata a
sus requerimientos. En ese sentido, se pretende contribuir a la adopción de medidas que
traten de abordar, con la urgencia requerida, la agilización y simplificación efectiva de los
procedimientos administrativos en una situación de extremada complejidad en los
ámbitos sanitario, económico y social como la que está sufriendo nuestro país.
Esta situación sobrevenida ha impulsado a acelerar el proceso de digitalización en
España, que se configura como un elemento fundamental para lograr la recuperación de
la economía. Esta transición ha de garantizar la accesibilidad del conjunto de la sociedad
e impulsar la digitalización de la empresa, especialmente para pymes, emprendedores y
autónomos. La digitalización contribuirá a que se intensifiquen los procesos de
simplificación y reducción de cargas administrativas ligados a la mejora de la
reglamentación.
cve: BOE-A-2021-7465
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 107