Administración Local. Santa Cruz De Tenerife. Ayuntamiento De Arona. (BOE-N-2025-158591)
Anuncio de notificación de 27 de febrero de 2025 en procedimiento sancionador.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 4 de marzo de 2025
Supl. N. Pág. 5
propuesta de resolución por contener un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada.
La práctica de la notificación de dicho acto administrativo se intentó realizar la
primera vez el día 27 de diciembre de 2024, mediante Correos, en el domicilio que
consta como el de residencia de la interesada en las bases de datos administrativos.
Tras segundo intento de notificación infructuosa el 30 de diciembre de 2024, se procede
a publicar el contenido íntegro de la resolución en el Tablón Edictal Único del Boletín
Oficial del Estado el 13 de enero de 2025, tal y como recogen los artículos 42.2 y 44 de
la Ley 39/2015.
Teniendo por efectuado el trámite de notificación de la resolución de inicio del
procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, y transcurrido el plazo
concedido de diez días, contados desde el día siguiente de su publicación, no consta en
el expediente alegaciones presentadas por la parte interesada contra dicha resolución.
DECIMOTERCERO.- Consta en el expediente el nombramiento de quien formula la
presente propuesta de resolución como instructor, así como del traslado de las
actuaciones para la formulación de dicha propuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 28.1 g) de la LSENPC dispone que el derecho de propiedad
del suelo, sin perjuicio del régimen a que esté sujeto por razón de su clasificación y
categorización, comprende el deber de solicitar y obtener las autorizaciones
administrativas preceptivas o, en su caso, formular la comunicación previa que sea
exigible, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o
construido, sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación sectorial que resultare
aplicable.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 351 de la LSENPC, las administraciones
públicas competentes vendrán obligadas a ejercer las potestades de protección de la
legalidad urbanística una vez se constate su contravención.
Las potestades de protección de la legalidad urbanística tendrán por objeto:
a) El restablecimiento de la legalidad infringida.
b) La revisión y suspensión de los títulos habilitantes que resultaran contrarios a
derecho.
c) La imposición de sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas.
d) La reparación de los daños y perjuicios.
TERCERO.- El procedimiento sancionador en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y protección del medio natural se debe desarrollar en los términos previstos
por la legislación básica estatal en materia de procedimiento administrativo común y de
régimen jurídico del sector público, por la LSENPC y en las disposiciones que la
desarrollen reglamentariamente.
CUARTO.- El artículo 371 de la LSENPC determina que son infracciones
urbanísticas las acciones y omisiones, dolosas o imprudentes, tipificadas en dicha ley.
En ningún caso podrán las infracciones urbanísticas reportar a ninguno de sus
responsables un beneficio económico. Cuando la suma de la multa y, en su caso, del
coste de reposición de la cosa a su primitivo estado arroje una cifra inferior a dicho
beneficio, la cuantía de la multa se incrementará hasta alcanzar el montante del mismo,
según indica el artículo 396 de la LSNPC.
QUINTO.- De acuerdo con el artículo 395 de la LSENPC, son sujetos responsables
de las infracciones urbanísticas todas las personas físicas o jurídicas que incurran, a
cve: BOE-N-2025-80d5700e511434004777ef63b23ba8719f520bd7
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 54
Martes 4 de marzo de 2025
Supl. N. Pág. 5
propuesta de resolución por contener un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada.
La práctica de la notificación de dicho acto administrativo se intentó realizar la
primera vez el día 27 de diciembre de 2024, mediante Correos, en el domicilio que
consta como el de residencia de la interesada en las bases de datos administrativos.
Tras segundo intento de notificación infructuosa el 30 de diciembre de 2024, se procede
a publicar el contenido íntegro de la resolución en el Tablón Edictal Único del Boletín
Oficial del Estado el 13 de enero de 2025, tal y como recogen los artículos 42.2 y 44 de
la Ley 39/2015.
Teniendo por efectuado el trámite de notificación de la resolución de inicio del
procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, y transcurrido el plazo
concedido de diez días, contados desde el día siguiente de su publicación, no consta en
el expediente alegaciones presentadas por la parte interesada contra dicha resolución.
DECIMOTERCERO.- Consta en el expediente el nombramiento de quien formula la
presente propuesta de resolución como instructor, así como del traslado de las
actuaciones para la formulación de dicha propuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 28.1 g) de la LSENPC dispone que el derecho de propiedad
del suelo, sin perjuicio del régimen a que esté sujeto por razón de su clasificación y
categorización, comprende el deber de solicitar y obtener las autorizaciones
administrativas preceptivas o, en su caso, formular la comunicación previa que sea
exigible, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o
construido, sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación sectorial que resultare
aplicable.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 351 de la LSENPC, las administraciones
públicas competentes vendrán obligadas a ejercer las potestades de protección de la
legalidad urbanística una vez se constate su contravención.
Las potestades de protección de la legalidad urbanística tendrán por objeto:
a) El restablecimiento de la legalidad infringida.
b) La revisión y suspensión de los títulos habilitantes que resultaran contrarios a
derecho.
c) La imposición de sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas.
d) La reparación de los daños y perjuicios.
TERCERO.- El procedimiento sancionador en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y protección del medio natural se debe desarrollar en los términos previstos
por la legislación básica estatal en materia de procedimiento administrativo común y de
régimen jurídico del sector público, por la LSENPC y en las disposiciones que la
desarrollen reglamentariamente.
CUARTO.- El artículo 371 de la LSENPC determina que son infracciones
urbanísticas las acciones y omisiones, dolosas o imprudentes, tipificadas en dicha ley.
En ningún caso podrán las infracciones urbanísticas reportar a ninguno de sus
responsables un beneficio económico. Cuando la suma de la multa y, en su caso, del
coste de reposición de la cosa a su primitivo estado arroje una cifra inferior a dicho
beneficio, la cuantía de la multa se incrementará hasta alcanzar el montante del mismo,
según indica el artículo 396 de la LSNPC.
QUINTO.- De acuerdo con el artículo 395 de la LSENPC, son sujetos responsables
de las infracciones urbanísticas todas las personas físicas o jurídicas que incurran, a
cve: BOE-N-2025-80d5700e511434004777ef63b23ba8719f520bd7
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 54
