Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2021-5711)
BOP-2021-5711 Normas Reguladoras Diputación Integra V.
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- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Cáceres para el 2020.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y modificaciones operadas.
- Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de
Extremadura.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del
Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de Presupuestos.
- Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres.
INTERPRETACIÓN.
Para todas aquellas cuestiones no contempladas en el presente Plan y la interpretación de las
dudas que puedan surgir en su aplicación será competente el órgano con facultades para
aprobar las mismas, esto es la Presidencia, que queda autorizado para dictar aquellos actos
que sean precisos para su desarrollo.
JURISDICCIÓN.
El presente acto es definitivo en vía administrativa y frente al mismo cabe interponer, en el
plazo de dos meses a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Cáceres o, con carácter
potestativo, en los términos comprendidos en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo de un mes; todo ello sin
perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime oportuno.
De conformidad con lo establecido en la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de
CVE:
BOP-2021-5711
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 24 de diciembre de 2021
N.º 0244
Pág. 23948
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Cáceres para el 2020.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y modificaciones operadas.
- Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de
Extremadura.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del
Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de Presupuestos.
- Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres.
INTERPRETACIÓN.
Para todas aquellas cuestiones no contempladas en el presente Plan y la interpretación de las
dudas que puedan surgir en su aplicación será competente el órgano con facultades para
aprobar las mismas, esto es la Presidencia, que queda autorizado para dictar aquellos actos
que sean precisos para su desarrollo.
JURISDICCIÓN.
El presente acto es definitivo en vía administrativa y frente al mismo cabe interponer, en el
plazo de dos meses a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Cáceres o, con carácter
potestativo, en los términos comprendidos en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo de un mes; todo ello sin
perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime oportuno.
De conformidad con lo establecido en la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de
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