BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 252 - Martes, 31 de diciembre de 2024

página 55980/1

1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

En el siglo XXI los fenómenos naturales adversos que siempre han originado situaciones
de riesgo parecen más frecuentes y devastadores. En el contexto de cambio global, la
alteración de los usos tradicionales del territorio debido a los cambios sociales producidos
en las últimas décadas y los escenarios meteorológicos extremos, derivan en una
nueva dimensión de las emergencias naturales. En el caso de los incendios forestales,
se traduce en la generación de incendios de comportamiento extremo, que junto a los
riesgos biológicos y tecnológicos generan una amenaza continua sobre la seguridad
de las personas, sus bienes, y las infraestructuras, cuyos efectos pueden fácilmente
traspasar fronteras.
La gestión de las emergencias se ha convertido en un reto para las Administraciones
públicas que solo puede afrontarse con garantías a través de una gestión integral, con
servicios operativos de respuesta altamente cualificados, y la cooperación interterritorial
e interadministrativa.
A nivel internacional, las Naciones Unidas profundizan y concretan, en el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, las estrategias que han
de adoptar la comunidad internacional para la mitigación de sus consecuencias, poniendo
el foco en la mejora del conocimiento sobre desastres, la cooperación interterritorial y la
mejora de la planificación y respuesta a diversas escalas: internacional, nacional, regional
y local.
La Unión Europea a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea,
regulado por la Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, establece, a su vez, las políticas y mecanismos de coordinación y
ayuda entre estados miembros y con terceros países.
La Constitución Española, en su artículo 15, recoge el derecho a la vida y a la
integridad física de las personas como el primero y más importante de los derechos
fundamentales. A su vez el artículo 66.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de protección civil que incluye, en todo caso, la regulación, la planificación
y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la
dirección y coordinación de los servicios de protección civil, que incluyen los servicios de
prevención y extinción de incendios respetando las competencias del Estado en materia
de seguridad pública.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, se constituye
como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de
las políticas públicas de protección civil, regula las competencias de la Administración
General del Estado en la materia, así como su coordinación con los sistemas autonómicos
y municipales. A su vez, la Estrategia Nacional de Protección Civil, aprobada por el
Consejo de Seguridad Nacional en 2019, actualiza la visión de la protección civil en
España incardinándola, como una pieza más, del Sistema de Seguridad Nacional.
El artículo 66. del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que «Corresponde
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de protección civil que
incluye, en todo caso, la regulación, la planificación y ejecución de medidas relativas a
las emergencias y la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios
de protección civil, que incluyen los servicios de prevención y extinción de incendios
respetando las competencias del Estado en materia de seguridad pública.»
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00312926

Decreto 270/2024, de 16 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de
la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía.