Disposiciones generales. . (2024/251-1)
Ley 6/2024, de 20 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 251 - Lunes, 30 de diciembre de 2024
página 56509/3
III
El modelo de concertación ha evidenciado sobradamente su eficacia en el desarrollo
de los intereses sociales y económicos de la Comunidad Autónoma y en el bienestar
general de la ciudadanía gracias a la responsabilidad y lealtad institucional de las
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00313460
El Convenio 150 de la OIT, sobre «Administración del Trabajo: cometido, funciones
y organización», ratificado por España el 3 de marzo de 1982, también recoge, en su
artículo 5, el reconocimiento de dicho diálogo social como instrumento fundamental
no solo en el sistema de administración del trabajo, sino en los diferentes sectores de
actividad económica.
Por su parte, la Comisión Europea se ha pronunciado sobre el valor del diálogo social,
destacando en su Comunicación de 12 de agosto de 2004, «Colaboración para el cambio
en una Europa ampliada: Potenciar la contribución del diálogo social europeo», el papel
esencial que el diálogo social ha desempeñado en la mejora de la gobernanza europea. En
esta misma línea se ha posicionado la Unión Europea con motivo del proceso de diálogo
social de Val Duchesse. De hecho, en 2015, el entonces presidente de la Comisión Europea
señaló, con el aval de los propios interlocutores sociales, la necesidad de forjar un «nuevo
comienzo para el diálogo social» europeo, en el que se dotase de un mayor protagonismo
a estos interlocutores en la gestión política y en la legislación de la Unión. Y fruto de ello ha
sido no solo el progresivo papel de estos sujetos colectivos –de consulta y participación–
en el marco de la Estrategia Europa 2020, sino también el llamamiento expreso al diálogo
social que realiza el Pilar Europeo de Derechos Sociales de 2017, al destacar la necesidad
y el deber de consultar a los interlocutores sociales en el diseño y en la aplicación de
políticas sociales, económicas y de empleo, y a fomentar, además, el apoyo y la capacidad
de tales interlocutores para promover dicho diálogo social.
Si a todo ello sumamos las expresas referencias a este diálogo social en nuestro
Estatuto de Autonomía, resulta apropiado concluir, en primer lugar, la necesidad de
potenciar esta participación institucional, especialmente ante las necesidades que
surgen de los nuevos escenarios sociales, económicos y laborales propios de este
siglo –entre otros, el cambio tecnológico, la globalización del comercio y la aparición de
nuevas formas de empleo–; y, en segundo lugar, reconocer la necesidad de adoptar una
norma reguladora de la misma, similar a aquellas de las que ya disponen la mayoría de
comunidades autónomas españolas.
Una norma que, reconociendo la necesidad de fomentar el diálogo como factor
ineludible de la cohesión social y el progreso económico, establezca las bases para
que este se lleve a cabo, fijando legalmente reglas de juego objetivas, transparentes,
eficaces y equitativas, así como los cometidos esenciales de tal participación, su forma
de organización, funcionamiento, financiación y las compensaciones económicas
derivadas de las actuaciones realizadas en su ejercicio. Más concretamente, esta
ley daría así cumplimiento no solo a lo establecido en el artículo 26.2 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, sino también a lo acordado en su momento por las partes
tanto en el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía de 2009 como en el Acuerdo
para el Progreso Económico y Social de Andalucía de 2013, en el que los principales
agentes económicos y sociales plantearon la aprobación «de un Anteproyecto de Ley
de Participación Institucional en el que se desarrollasen los criterios de participación
así como los contenidos y ejercicio de la misma». Finalmente, ha sido el Pacto Social
y Económico por el Impulso de Andalucía, suscrito el pasado 13 de marzo de 2023,
donde se ha planteado la necesidad de iniciar la tramitación parlamentaria de la Ley de
Participación Institucional para que el diálogo social, como factor ineludible de cohesión
social y progreso económico, cuente en nuestra comunidad autónoma con un instrumento
jurídico con rango de ley.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 251 - Lunes, 30 de diciembre de 2024
página 56509/3
III
El modelo de concertación ha evidenciado sobradamente su eficacia en el desarrollo
de los intereses sociales y económicos de la Comunidad Autónoma y en el bienestar
general de la ciudadanía gracias a la responsabilidad y lealtad institucional de las
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
00313460
El Convenio 150 de la OIT, sobre «Administración del Trabajo: cometido, funciones
y organización», ratificado por España el 3 de marzo de 1982, también recoge, en su
artículo 5, el reconocimiento de dicho diálogo social como instrumento fundamental
no solo en el sistema de administración del trabajo, sino en los diferentes sectores de
actividad económica.
Por su parte, la Comisión Europea se ha pronunciado sobre el valor del diálogo social,
destacando en su Comunicación de 12 de agosto de 2004, «Colaboración para el cambio
en una Europa ampliada: Potenciar la contribución del diálogo social europeo», el papel
esencial que el diálogo social ha desempeñado en la mejora de la gobernanza europea. En
esta misma línea se ha posicionado la Unión Europea con motivo del proceso de diálogo
social de Val Duchesse. De hecho, en 2015, el entonces presidente de la Comisión Europea
señaló, con el aval de los propios interlocutores sociales, la necesidad de forjar un «nuevo
comienzo para el diálogo social» europeo, en el que se dotase de un mayor protagonismo
a estos interlocutores en la gestión política y en la legislación de la Unión. Y fruto de ello ha
sido no solo el progresivo papel de estos sujetos colectivos –de consulta y participación–
en el marco de la Estrategia Europa 2020, sino también el llamamiento expreso al diálogo
social que realiza el Pilar Europeo de Derechos Sociales de 2017, al destacar la necesidad
y el deber de consultar a los interlocutores sociales en el diseño y en la aplicación de
políticas sociales, económicas y de empleo, y a fomentar, además, el apoyo y la capacidad
de tales interlocutores para promover dicho diálogo social.
Si a todo ello sumamos las expresas referencias a este diálogo social en nuestro
Estatuto de Autonomía, resulta apropiado concluir, en primer lugar, la necesidad de
potenciar esta participación institucional, especialmente ante las necesidades que
surgen de los nuevos escenarios sociales, económicos y laborales propios de este
siglo –entre otros, el cambio tecnológico, la globalización del comercio y la aparición de
nuevas formas de empleo–; y, en segundo lugar, reconocer la necesidad de adoptar una
norma reguladora de la misma, similar a aquellas de las que ya disponen la mayoría de
comunidades autónomas españolas.
Una norma que, reconociendo la necesidad de fomentar el diálogo como factor
ineludible de la cohesión social y el progreso económico, establezca las bases para
que este se lleve a cabo, fijando legalmente reglas de juego objetivas, transparentes,
eficaces y equitativas, así como los cometidos esenciales de tal participación, su forma
de organización, funcionamiento, financiación y las compensaciones económicas
derivadas de las actuaciones realizadas en su ejercicio. Más concretamente, esta
ley daría así cumplimiento no solo a lo establecido en el artículo 26.2 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, sino también a lo acordado en su momento por las partes
tanto en el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía de 2009 como en el Acuerdo
para el Progreso Económico y Social de Andalucía de 2013, en el que los principales
agentes económicos y sociales plantearon la aprobación «de un Anteproyecto de Ley
de Participación Institucional en el que se desarrollasen los criterios de participación
así como los contenidos y ejercicio de la misma». Finalmente, ha sido el Pacto Social
y Económico por el Impulso de Andalucía, suscrito el pasado 13 de marzo de 2023,
donde se ha planteado la necesidad de iniciar la tramitación parlamentaria de la Ley de
Participación Institucional para que el diálogo social, como factor ineludible de cohesión
social y progreso económico, cuente en nuestra comunidad autónoma con un instrumento
jurídico con rango de ley.
