BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 111 - Lunes, 10 de junio de 2024

página 46154/1

1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Es universalmente reconocido el valor de la justicia para construir un mundo en paz.
La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948 por Naciones
Unidas, tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, recoge la justicia como uno de
los fundamentos para lograr la paz y la dignidad humana. Recientemente, Naciones
Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, establece la justicia en su
Objetivo número 16 «Paz, justicia e instituciones sólidas». Dicho objetivo desgrana en
sus metas las bases para conseguirlo. Entre esas bases se encuentran: «Promover el
estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos», meta 16.3; «Fortalecer las instituciones nacionales
pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los
niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia
y combatir el terrorismo y la delincuencia», meta 16.a; y «Promover y aplicar leyes y
políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible», meta 16.b.
En 1950, en la Europa de la posguerra, en el seno del Consejo de Europa se
aprueba el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, ratificado por España en 1977, impulsando la construcción de una
sociedad justa y dedicando tres de sus artículos a la justicia.
España, tras una transición ejemplar, que culminó con la aprobación de la
Constitución Española de 1978, es desde hace más de 40 años una de las democracias
más avanzadas, siendo además miembro de la Unión Europea y de los más importantes
organismos internacionales, propugnando la democracia, los derechos humanos, las
libertades públicas y el imperio de la ley.
La justicia, que es un valor superior de toda sociedad democrática, y por supuesto
de la nuestra, se halla sustentada por nuestro ordenamiento jurídico que se enmarca en
la Constitución Española de 1978. La división de poderes, la tutela judicial efectiva del
artículo 24, el derecho al juez predeterminado por la ley y la necesaria independencia
judicial prevista por nuestra norma magna dan a nuestra justicia un carácter
eminentemente democrático. Una justicia igual para todos que emana del pueblo, se
administra en nombre del Rey y se integra con el Estado autonómico. Es a esta justicia
a la que no podemos renunciar y a la que queremos poner en valor, reconociendo a las
personas que cada día trabajan en ello.
A través de todo su articulado, el Estatuto de Autonomía para Andalucía enhebra la
constitución de una sociedad andaluza basada en principios superiores, siendo su piedra
angular el artículo 1.2 que indica que son valores superiores para todos los andaluces,
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En este sentido, el artículo 9
reconoce los derechos de todas las personas y el pleno respeto a las minorías. Por
otro lado, el artículo 10 establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene el
compromiso de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y los grupos en los que se integran sean reales y efectivas; removerá los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y fomentará la calidad de la democracia, facilitando
la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social.
Continúa dicho artículo indicando que a tales efectos se adoptarán las medidas de acción
positiva que se consideren necesarias. Sigue el artículo 11, recogiendo el deber de los
poderes públicos de promover el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00303103

Decreto 107/2024, de 4 de junio, por el que se crean y regulan los Premios
«Justicia Andalucía».